El pasado 1 de junio los organismos públicos tuvieron que afrontar una situación para la que no estaban 'enseñados'. El éxito de la moción de censura a Mariano Rajoy impulsada por el PSOE, con la crisis política catalana y los escándalos de corrupción en el Partido Popular como telón de fondo, daba una sacudida histórica a la política española y dejaba a pie cambiado los procesos públicos que estaban en marcha. De ellos, uno de los sectores que más ha sufrido con el nuevo rumbo político es el de las licitaciones públicas.

Según datos ofrecidos por Gedesco, las adjudicaciones públicas durante el mes de junio cayeron en picado y provocaron que la media descendiese considerablemente en un año que estaba resultando más que positivo. Así, durante el sexto mes de 2018, las licitaciones promovidas por los diferentes organismos del Estado han decrecido un 60% respecto al mismo período del año anterior.

Este hecho tiene una explicación: el cambio de Gobierno. “Los cambios políticos frenan la actividad, porque los diferentes Ejecutivos tienen que valorar los proyectos que ya estaban a punto de ponerse en marcha o los que se pondrán en un futuro”, indican fuentes del sector.

No obstante, las mismas fuentes explican a EL ESPAÑOL que las adjudicaciones públicas “recobrarán fuerza según avancen los meses y el Gobierno de Pedro Sánchez saque a licitación sus proyectos”. Eso sí, el sector podría volver a darse de bruces con unas hipotéticas elecciones anticipadas, una posibilidad que está haciendo mucho ruido en los pasillos del Congreso de los Diputados. “Este hecho conllevaría una nueva parada en seco a las posibles nuevas obras públicas”, recalcan.

Fin a la racha de diez meses de incremento

Este mes de junio ha sido la excepción de un meritorio primer semestre para el sector de las licitaciones. Con la caída del 60% en las adjudicaciones, se cierra un ciclo positivo que se extendió durante diez meses.

De enero a mayo la oferta pública se incrementó interanualmente con progresiones por encima del 100%. Durante el mes de enero, el número de licitaciones públicas aumentó en un 165%; en febrero el alza se quedó en un 31%, mientras que en marzo el ascenso fue de hasta un 187%. El segundo trimestre de 2018 comenzó con fuerza y registró cifras espectaculares: en abril se adjudicaron un 222% más de obras que en el mismo mes del año anterior. Por último, y para cerrar la racha alcista, mayo marcó un aumento del 119%.

Este baile de porcentajes se traduce en un suculento pellizco de dinero que ha salido de las arcas de las instituciones públicas hacia el sector contratista. Así, durante el primer semestre, el importe de las licitaciones adjudicadas por los diferentes organismos del Estado ha sido de 4.909 millones de euros, lo que se traduce en casi duplicar las cifras con las que se cerraron los primeros seis meses de 2017 y la concesión pública se ha disparado más de un 94% en este tramo de tiempo.

No obstante, la cifra de los 4.909 millones refleja una notable caída de 37,98%, respecto a los más de 7.900 millones de euros que fueron adjudicados por el Estado durante el segundo semestre del año pasado.

En junio, en tanto, se produjeron 58 licitaciones por un importe que supera los 180 millones de euros. De los concursos de ese mes, Adif fue el organismo que más adjudicaciones lanzó, con un total de 48. Recogiendo el gasto semestral, las administraciones públicas que dinero han puesto sobre la mesa son el Ministerio de Fomento, con un importe cercano a los 260 millones de euros; el Ministerio de Defensa, con 247 millones; y, por último, Adif, con 244,2 millones.

A pesar del mal dato de junio, la recuperación que la obra pública respecto a los mínimos históricos a los que llegó durante la crisis es un hecho. El impulso lo ha dado también el aumento de la inversión tanto de las comunidades autónomas como de las administraciones locales en lo que va de año, antes de que llegue la cita electoral de 2019. Así, los consistorios, diputaciones y cabildos son los organismos que más volumen de obra licitó en el semestre en toda España, con un importe total que asciende a los 3.158 millones, un 47,5% más respecto al mismo período del año pasado.

Ábalos, ante el gran reto de los grandes proyectos

Apenas lleva dos meses, pero José Luis Ábalos no ha perdido el tiempo para intentar sacar adelante los proyectos más ambiciosos a nivel estatal. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas el ministro de Fomento presentaba en sociedad, junto a otras personalidades madrileñas, la nueva operación Chamartín. Esta obra faraónica, que lleva más de 20 años siendo un proyecto, tiene como objetivo atraer a cientos de grandes empresas y dotar al norte de Madrid de unos espacios hasta ahora desconocidos. Este enclave contará con tres rascacielos, miles de hectáreas de zonas verdes y 10.500 viviendas.

Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, se presenta como otro de los grandes aliados para el Ejecutivo de Sánchez. El corredor del Mediterráneo, clave para las comunicaciones entre Valencia y Barcelona y el AVE que pide a gritos Extremadura serán dos bombonas de oxígeno para la inversión en licitación.

A su vez, las autopistas volverán a estar en primera línea de batalla. Tras la bancarrota de numerosas vías, el nuevo ministro deberá hacer frente a la factura de las autopistas quebradas, que ha ascendido a más de 2.000 millones de euros. En este sentido, y para añadir más madera al fuego, ayuntamientos y comunidades autónomas piden su gratuidad, mientras que las empresas contratistas quieren cobrar a los extranjeros, como es el caso de Castilla y León.