El pasado jueves, Pedro Sánchez publicaba un mensaje en sus redes sociales afirmando que su gobierno estaba decidido a terminar con el fraude laboral. “Por eso impulsamos este Plan Director para combatir la precariedad, poner fin a las injusticias que sufren colectivos como las Kellys o los riders de reparto”, indicó refiriéndose al proyecto anunciado hace una semana en Consejo de Ministros.

El Presidente de Gobierno intentaba poner el foco público en las directrices de “intervención inmediata” contra el fraude en la contratación temporal y contra los abusos en la contratación a tiempo parcial... dos semanas después de su lanzamiento oficial. Estas actuaciones se producen en el marco del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 que persigue luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.

Unas actuaciones que están directamente dirigidas al sector hotelero, pero también a las nuevas plataformas digitales de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo o Uber Eats que, según las denuncias de sus repartidores (riders) no cumplen la normativa laboral y abusan de la figura del falso autónomo.

Un repartido de Glovo, en una imagen de archivo.

50.000 cartas enviadas

Estas empresas contratan bajo esta modalidad a sus repartidores  -que se han hecho conocidos por llevar el reparto en bicicleta en condiciones laborales muy cuestionables- para reducir sus costes laborales aunque, según las denuncias que están en los tribunales, fija el horario, la jornada o la zona de actuación, marca los salarios y penaliza de alguna manera el rechazo de un servicio o el incumplimiento de un horario.

En estas actuaciones también se incluyen a los hoteles que incumplen las normativas con sus camareras de piso (Kellys). En el caso de estas trabajadoras, diversos colectivos han denunciado jornadas laborales de más de veinte horas y la  escasa protección de sus empleadores frente a enfermedades crónicas surgidas de sus extenuantes labores.

El Plan Director por un Trabajo Digno fue anunciado hace dos semanas y en los últimos diez días el Gobierno ya se han enviado más de 50.000 cartas a las empresas supuestamente incumplidoras. El objetivo de esta primera fase es disuasorio ya que las empresas identificadas serán informadas para que regularicen voluntariamente su situación y repongan los derechos a los trabajadores afectados.

Un repartidor de Deliveroo, en una imagen de archivo.

Multas en seis meses

Según el Ministerio de Empleo, en una segunda fase se analizarán los datos y comportamientos de las empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación, procediéndose entonces al inicio de las actuaciones inspectoras oportunas.

En los supuestos en los que los inspectores comprueben la existencia de incumplimientos, la Inspección de Trabajo adoptará las medidas oportunas y se exigirán las responsabilidades que correspondan. De esta manera, el objetivo es comenzar a cursar las primeras sanciones -si fuese necesario- antes de los próximos seis meses ya que los planes de choque serán objeto de seguimiento y evaluación durante el mes de enero de 2019.

Fuentes del sector consultadas por este periódico dudan que las grandes plataformas digitales de reparto regularicen la situación de sus trabajadores pese a las advertencias de este plan del Gobierno. De hecho, argumentan que tanto Glovo como Deliveroo llevan meses defendiendo en los tribunales que han transparentado la relación con sus riders y que pueden demostrar que su relación laboral se ajusta perfectamente al de autónomos.

De hecho, fruto de las decenas de denuncias presentadas -entre las que se encuentra la de sindicatos mayoritarios como los de UGT- la Inspección del Trabajo lleva meses investigando el tema con riders en Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, La Coruña, Alicante o Gijón. Pese a ello, los trabajadores denuncian que el modelo no ha variado sustancialmente, por lo que todo parece indicar que el Gobierno tendrá que cursar las multas.

Propuesta de Comisiones Obreras

Con todo, desde los sindicatos creen que las solución va más allá y pasa por una legislación específica. Para Comisiones Obreras (CCOO) es urgente que el Gobierno aborde el desarrollo de una normativa estatal que regule la economía digital en el sector hostelero y que ésta pivote sobre la uniformidad y el consenso entre Comunidades Autónomas, sindicatos y asociaciones empresariales representativas del sector y consumidores.

El sindicato considera que debe garantizarse la tutela jurídica efectiva de los derechos laborales de todas las personas que trabajan en plataformas digitales y en el reparto de comida a casas particulares, oficinas, etc., para que se “se consideren personal laboral del sector de la hostelería con categoría de repartidor o repartidora a domicilio”.

De momento, el tema se está tratando en la Comisión Paritaria del ALEH (Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería), por lo que según Comisiones Obreras, el objetivo es que una vez se apruebe esta modificación, se incluya estas cláusulas en los convenios sectoriales correspondientes.