El juez pide por tercera vez al Santander los documentos sin tachaduras de la compra del Popular

En una diligencia fechada el 30 de agosto, el titular del juzgado central de instrucción nº 4 se hace eco de la petición realizada a finales de julio por el grupo de grandes fondos de inversión -Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital, que perdieron unos 800 millones de euros en la resolución del Popular.

Estos fondos están personados en la causa abierta contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y PwC por falsedad societaria y administración desleal.

En un escrito dirigido al juez, el grupo explicaba que, tras examinar los papeles, queda claro que el Santander "no ha aportado toda la documentación" requerida, sino "sólo 12 documentos, después de haber efectuado una operación tan compleja como adquirir una de las mayores entidades financieras de España".

En concreto, sobre posibles ofertas anteriores de adquisición del Popular "no ha aportado nada", pese a reconocer que "de forma histórica ha venido analizando la adquisición", por lo que es de suponer que "existirán informes que contengan valoraciones de dicha entidad mucho antes de que definitivamente fuera adquirida".

Tampoco ha presentado "la oferta u ofertas" de adquisición realizada a la Junta Única de Resolución (JUR), ni el documento final de su Comisión Ejecutiva en el que se tomase la decisión de formular la oferta por un euro.

Los afectados también echan de menos un informe del equipo de Riesgos del Santander, ya que no resulta creíble que una entidad de la magnitud de este banco no haya realizado ese tipo de estudio.

Asimismo, el Santander incluyó un informe de Citigroup sobre la adquisición que resulta ser un simple borrador, pero no la versión definitiva, y tampoco los acuerdos de confidencialidad suscritos entre ambas entidades.

En algunos casos, los documentos han sido censurados o aparecen con párrafos tachados, como en el caso de la presentación dirigida al consejo de administración del Santander o las elaboradas por la comisión ejecutiva sobre la compra del Popular.

En su escrito, este grupo de fondos recordaba además al magistrado que el Santander, que ha enviado diversos documentos en inglés, "es un banco español" y tiene que disponer de documentación traducida al castellano.

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