Telefónica "está llevando a cabo investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes de corrupción", según ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador le formuló hace unas semanas un requerimiento solicitándole más información al respecto, tras constatar que la operadora de telecomunicaciones lo indicaba en sus cuentas anuales de 2017.

La CNMV pidió a la compañía que actualizara el estado de situación de las investigaciones internas mencionadas y que cuantificara su impacto potencial sobre el patrimonio del grupo, así como si ha registrado alguna provisión.

Investigaciones en varios países

En su carta de respuesta el grupo indicó que se están llevando a cabo investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción, y que a la fecha de la carta continúa cooperando con autoridades gubernamentales y prosiguiendo con las investigaciones en marcha.

"Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño", indicó.

Controles y procedimientos

Telefónica también indica en su carta que "las compañías que componen el grupo deben cumplir con las leyes y reglamentos de aquellas jurisdicciones donde opera". Y si bien cuenta con normativas internas y procedimientos establecidos par asegurar el cumplimiento de dichas leyes, entre ellas las correspondientes contra la corrupción, no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que sus empleados no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del grupo.

Telefónica recuerda que siempre ha contado con controles y procedimientos encaminados a la prevención de casos de corrupción que han sido implementados por distintas áreas de la compañía, como la de auditoría interna, la jurídica, la de sostenibilidad y, desde principios de 2016, la de cumplimiento, cuyo función principal consiste en preservar la integridad y prevenir la corrupción.