El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.
Durante el debate, el responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional, Castor "no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente". "Nadie ha asumido responsabilidades políticas", ha aseverado.
"Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos negocios han tenido que cerrar su negocio", ha esgrimido Ángela Ballesteros, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.
Por Compromís, su diputada Marta Sorlí Fresquet, ha instado a investigar "por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez", y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.
El PSOE pide investigar
El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar "sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general", si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó "de forma tan veloz" cuando, a su juicio, debía analizar qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro 'popular' José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.
La actual ministra avaló el proyecto
Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental.
Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares.
Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera "otro de los parches" de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido y repercuten en la tarifa.