La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto una minimulta de menos de 90.000 euros a cuatro compañías de telecomunicaciones que proporcionaban un beneficio económico a las empresas que contrataban numeración perteneciente al rango 902.  Se trata de Digital Virgo España, Eagertech 21, Masvoz Telecomunicaciones Interactivas y Telecoming.

¿Cuál fue la infracción? Pagar a empresas que utilizan el 902 y tienen atribuidos rangos de numeración para atención el cliente una parte de los ingresos que recibían ellos por prestar el servicio. Algo que no está permitido y supone una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones.

Aunque los 902 tienen la ventaja de centralizar los servicios para los paraguas de un mismo número, la normativa prohíbe expresamente la retribución al llamado abonado de la numeración 902. Esto significa que la empresa a la que el usuario llama para recibir una información no recibe dinero por esa llamada. Es obligatorio que el usuario pague el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica.

Repartirse el dinero del usuario

¿Por qué? Para evitar que las empresas utilicen la atención telefónica mediante esta numeración para lucrarse. Cosa que las cuatro empresas mencionadas y multaron facilitaron.

Así, las compañías multadas se repartieron con las empresas el precio de las llamadas, muy elevado y que, como recuerda la CNMC, no está incluido en las tarifas planas que son mayoritarias en los contratos de telefonía de los usuarios. Si se llama desde un fijo, el precio suele ser similar al de una llamada interprovincial, mientras que si se hace desde un móvil, el precio se puede disparar.

La punta del iceberg

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, una organización que lleva años defendiendo la eliminación de los 902 y la sustitución por los 900, gratuitos, afirmó en declaraciones a EL ESPAÑOL que este caso es sólo la punta del iceberg y que es necesario que Competencia ofrezca un listado de las empresas que se llevaron comisiones. 

A partir de ahí, Consumo puede multar a las empresas que contrataron esas líneas y recibían ingresos por cada llamada que les hacían los clientes.