En una documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera incluye dentro de los posibles factores de riesgo para el grupo la intención del Gobierno de elevar la carga fiscal del diésel, a pesar de que todavía no se ha concretado en norma o proyecto legislativo alguno.

No obstante, Repsol señala que "no puede anticipar el alcance exacto de los cambios de dichas normativas, o de su interpretación, los cuales podrían afectar de un modo adverso a su negocio, resultados y situación financiera".

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de revisar estos gravámenes, con la intención de equiparar progresivamente la fiscalidad del diésel y de la gasolina.

El pasado mes de septiembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que este nuevo diseño de impuesto al diésel supondría un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas. En concreto, la titular de Hacienda señaló que la aportación por este tributo estaría en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará esos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio.

Esta propuesta que baraja el Gobierno sobre el impuesto al combustible diésel estaría enmarcada en un paquete de medidas de cambio climático. En la actualidad, el impuesto al diésel está fijado en 307 euros cada mil litros, con lo que se vería incrementado en 38 euros cada mil litros, hasta los 345 euros cada mil litros de aprobarse dicho incremento.