La gran empresa no sale de su asombro con el ‘palo’ impositivo que recogen los presupuestos acordados entre el Gobierno y Podemos. Tanto es así que en algunos despachos del Ibex se comentaba este jueves que hasta que no se publiquen en el BOE no pueden tomarse en serio la propuesta.

Pocos expertos en tributación confían en los números estimados por Hacienda, cuyas cuentas aseguran que serán capaces de recaudar 5.600 millones de euros adicionales gracias a las subidas de impuestos que se recogen en el borrador. Unos gravámenes centrados en las rentas más altas del IRPF y, sobre todo, con el ojo puesto en las mayores corporaciones de nuestro país.

Dentro del extenso catálogo de impuestos que suben para las empresas, el que mayor impacto ha provocado es el hecho de gravar con un 5% los dividendos obtenidos de filiales en el extranjero. Una cifra que llega en forma de beneficio y que, hasta ahora, estaban exentos de tributación en España dado que se entiende (porque es así) que ya se ha pagado por ellos en origen. Por tanto, no se puede pagar (en línea con los acuerdos internacionales) dos veces por lo mismo; la famosa doble imposición. 

Se trata de una exención que afecta a unos 20.000 millones de euros que llegan procedentes del extranjero, según datos de la CEOE. Por tanto, serán unos mil millones de euros los que consiga recaudar el Ejecutivo con esta medida si sale adelante. Y lo de “si sale adelante” es intencionado, porque existen serias dudas de que el Gobierno sea capaz de lograr todos los apoyos que necesita en el Parlamento, al margen del examen de Bruselas.

Los primeros avisos 

Este nuevo esquema tributario que se avecina puede provocar que muchas empresas se replanteen su sistema fiscal en España. Una advertencia que lanzaba hace unos meses el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, quien alertaba de que “las multinacionales podrían repensar su morfología o, incluso, que dejen de ser multinacionales”.

Palabras que muchos han traído a la palestra. De hecho, en muchas de las empresas consultadas por EL ESPAÑOL la frase más escuchada era la de “tomaremos las medidas que haya que tomar” para obtener el mejor rendimiento para las corporaciones y sus accionistas.

Una indignada advertencia del empresariado al que pone también voz la CEOE. En un comunicado, la patronal recuerda que “la carga fiscal resta competitividad a la economía española e introduce elementos de inseguridad jurídica que retrasarán las decisiones de inversión”. Y es que, por si fuera poco, el impuesto de sociedades verá incrementar la cuota líquida al 15% frente al 12% actual.

A nivel sectorial también hay malestar entre las empresas españolas. La banca y las petroleras ven cómo el Impuesto de Sociedades subirá hasta el 18% frente al 15% actual. Se mantiene, por tanto, la situación que venía rigiendo hasta ahora, en la que estos sectores tenían tres puntos más de tributación.

Los bancos

No ha gustado tampoco en el sector financiero que se haya decidido apostar por una versión española de la ‘Tasa Tobin’. El impuesto a las transacciones financieras que grava con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas nacionales con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

Existen dudas sobre de qué manera se va a aplicar; y, sobre todo, existen muchas incertidumbres sobre quién va a pagar la factura. Fuentes del sector insisten en que en un momento en el que el sector bancario tiene una baja rentabilidad, lo normal es que ese coste termine trasladándose a los consumidores.

Desde el BBVA, su consejero delegado, Carlos Torres, decía este verano que en aquellos mercados en los que se ha puesto en marcha una tasa como ésa se “ha generado una distorsión de la actividad económica, que ha provocado el encarecimiento y la peor asignación del crédito”.

También, durante la pasada temporada de resultados, el CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar, alertaba de que un impuesto de este tipo debería llevarse a cabo a nivel europeo. Algo que, por ahora, no se ha conseguido y tan sólo una decena de países han puesto algo similar.

Francia es uno de ellos, y un informe de la Cámara de Cuentas alertaba hace unas semanas de que no había cumplido las expectativas, y que eran los consumidores quienes pagaban el impuesto y no las entidades financieras, como era la intención inicial.

Negativa también es la opinión que tienen de estos presupuestos las empresas digitales. El sector cree que imponer una Tasa Google a la españolas no tiene ningún sentido. Se gravarán con el 3% “los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”.

Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones. Sin embargo, fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL creen que debería buscarse “un consenso global a nivel de la OCDE, que solucione las ineficiencias tributarias de la economía digital”.

Más explícita ha sido la patronal Adigital, quien asegura que una medida de este tipo “deja a España en una situación de excepcionalidad” hasta que se alcance un acuerdo a nivel internacional. Esto es algo, prosigue en un comunicado, que España no puede permitirse porque no “puede convertirse en un país que desincentive la inversión”.

Es la primera reacción a unos presupuestos que no convencen ni a propios ni a extraños, y sobre los que existen serias dudas. Bruselas será el primer examen que tengan que pasar, y está por ver que la Unión Europea autorice una expansión de gasto superior a los 5.400 millones de euros.