El cierre de la planta del fabricante de aerogeneradores danés Vestas en Villadangos del Páramo (León) o el de las fábricas del productor americano de aluminio Alcoa en La Coruña y Avilés, así como los despidos colectivos anunciados en el astillero La Naval de Sestao o en el grupo cementero mexicano Cemex, como parte de la reorganización de su negocio en España, han dado la voz de alarma.
Los elevados costes fijos, el encarecimiento de la factura eléctrica, los problemas estructurales, tanto productivos como tecnológicos, o la falta de competitividad han sido algunos de los factores que han esgrimido las empresas para justificar sus decisiones.
Ante la preocupación que han supuesto estos anuncios, las empresas han pedido esta semana al Gobierno una política industrial a largo plazo, que se base en los tres aspectos fundamentales que inciden directamente en la productividad del sector: innovación, digitalización y formación.
De hecho, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha pedido apoyo para favorecer el crecimiento de las empresas del sector industrial con el objetivo de que éste sea más potente y tenga mayor peso en el PIB y en el empleo. Y es que, el empleo generado por la industria concentra el 12,5 % del total de ocupados en España.
Aunque el Ejecutivo ha desvinculado los cierres de las fábricas Alcoa, que emplean a 686 trabajadores, al coste eléctrico, bien es cierto que su encarecimiento ha sido una de las críticas constantes que ha vertido la industria y a la que se ha unido esta semana la asociación nacional de grandes empresas de distribución.
En este contexto, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) calcula que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista estará este año un 14,1% por encima del de 2017 y, de confirmarse, sería el segundo más caro desde 1998.
Este encarecimiento se traduce en una pérdida de competitividad industrial que "amenaza" el futuro y hace necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones a nuestros principales competidores europeos, denuncia AEGE, que agrupa a las principales empresas siderúrgicas, metalúrgicas y químicas en España.
También se ha pronunciado al respecto el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que cree que se debe ajustar lo máximo posible el gasto eléctrico para que la industria española no pierda competitividad.
Por poner un ejemplo, la patronal cementera denuncia que el precio de la electricidad para un consumidor industrial español es uno de los más elevados de Europa y que la subasta de interrumpibilidad eléctrica y el alto precio de los derechos de CO2 ponen en riesgo la producción de cemento en España.
En esta línea se ha pronunciado la patronal siderúrgica Unesid, que cree que en España hay un problema estructural con la energía eléctrica y que con los actuales precios producir acero aquí es un 30% más caro que hacerlo en Francia o un 50% más que en Alemania.
Desde la asociación de fabricantes de papel Aspapel también se suman a las críticas de la última subasta de interrumpibilidad, un mecanismo que permite compensar a la industria electrointensiva que esté dispuesta a ser desconectada en caso de que sea necesario para mantener la seguridad del suministro.
Pese a todo ello, se ha conocido que Alcoa obtuvo 1.000 millones de euros en las subastas de interrumpibilidad celebradas en España en la última década, llevándose el 30%.
Por este motivo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a repensar la convocatoria para no producir distorsiones.
A estas reclamaciones se ha sumado la patronal Anged, que engloba a grupos de distribución como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, y que señala que la alza de la factura eléctrica, cuyo coste podría incrementarse más de un 10%, tensiona los márgenes y absorbe ya la mitad del beneficio.
En todo este contexto, las partes implicadas buscan una solución a todos estos cierres anunciados con el foco puesto en el mantenimiento de la capacidad productiva y el empleo o en la búsqueda de otros inversores interesados. EFECOM
csb/prb