Las VTC y el Taxi tienen este jueves señalado en rojo en el calendario. Es el día en el que el Congreso tiene previsto votar el decreto Ábalos que limita la actividad de Uber y Cabify en las ciudades. Un polémico texto que no ha convencido a nadie: ni a los taxistas que lo ven insuficiente, ni a los dueños de las licencias de alquiler con conductor que ven en la norma el principio del fin de su negocio.

Se da por descontado el apoyo de PSOE y Podemos, también de los grupos independentistas catalanes, pero queda por ver la postura que adopta el PNV que, al parecer, tiene sus dudas. También está por ver si PP y Ciudadanos optan por la abstención o la negativa; así que en las próximas horas los contactos de los taxistas y los empresarios de la VTC con los diputados se van a intensificar.

De hecho, desde el sector del alquiler de vehículos con conductor se va a mostrar el último informe legal que han obtenido. Un documento en el que se muestra claramente que el texto elaborado por Fomento es “inconstitucional”, pues vulnera numerosos preceptos de la Constitución.

"Expropiación encubierta"

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, llama la atención -sobre todo- en el hecho de que eliminar la autorización para que las VTC puedan ejercer transporte urbano (entre dos puntos de una misma ciudad o área metropolitana) busca “acabar de golpe con todo un sector”, dado que el 90% de su actividad se desarrolla en este ámbito y eso “hace inviable la actividad económica”.

Esta medida, dice el informe elaborado por Garrigues, supone atentar directamente contra la libertad de empresa, “No es una mera restricción de las condiciones del servicio, estamos ante una supresión de unas autorizaciones legalmente obtenidas y otorgadas por el mismo poder público”, afirma el documento.

Por tanto, para los abogados de las VTC estamos, en la práctica, ante una “expropiación encubierta” que atenta contra el derecho a la propiedad. Sin embargo, ésta no se ha justificado suficientemente por parte de Fomento.

Un decreto injustificado

Se basa para ello en que no hay una justificación más allá de “alusiones genéricas a conceptos de interés público como el medio ambiente, la congestión de tráfico o la movilidad; pero no hay verdaderos motivos de interés general”, tal y como exige el Tribunal Constitucional para una medida de este tipo.  

Esa expropiación (encubierta dado que el decreto no habla de ella) se demuestra en el hecho de que Fomento fije un plazo de cuatro años como indemnización. Un período que “difícilmente podrá compensar a los propietarios de VTC por el valor real de sus inversiones”, dice el informe que enumera algunas sentencias del Constitucional en donde se habla de cómo debe fijarse el proceso indemnizatorio por parte del Gobierno.

El informe recoge también que se vulnera el principio de seguridad jurídica, dado que sólo en el último año ha habido dos modificaciones legislativas: el decreto Ábalos y el decreto Rajoy para garantizar el “interés general” del Taxi, antes de que el Supremo avalase la necesidad de mantener el ratio de una licencia VTC por cada 30 de Taxi. Un decreto, este último, en el que ya se sabía que los tribunales tienen pendientes de conceder cerca de 9.000 licencias.

Precisamente, el hecho de que hubiera licencias pendientes de llegar a las calles, así como el poco tiempo que ha pasado entre los dos decretos (4 meses) hace imposible para las VTC que los problemas del sector se hayan agravado. Sobre todo, porque los problemas de congestión y movilidad de las ciudades no han podido agravarse dado que “hace falta un cierto tiempo entre la concesión de la licencia y la puesta en marcha efectiva”.

Se aplaza en el tiempo

Garrigues también cuestionan los preceptos empleados por Fomento para justificar la necesidad de un Real Decreto para reordenar el sector. Asegura que “en el hipotético caso” de que todos esos problemas hubieran aumentado en sólo cuatro meses, habría que tener en cuenta varias cosas: “no sería atribuible exclusivamente a las VTC; hablamos de vehículos que reducen el tráfico de coches privados; las unidades son menos contaminantes que la media del sector y, por tanto, no tiene sentido postergar la entrada en vigor del decreto cuatro años”.

Ese pespacio de tiempo es otro de los elementos clave que los dueños de licencias VTC van a emplear para intentar echar atrás la normativa. “Resultaría un contrasentido pretender aprobar una norma de urgencia excepcional, cuya gran medida (que el vehículo VTC deje de autorizarse) se postergue durante cuatro años”, dice el informe elaborado para los dueños de VTC.

El último argumento que emplearán los empresarios de la VTC contra el decretazo que se pretende aprobar este jueves, es que el Real Decreto no es la forma adecuada para transferir las competencias a las Comunidades. Para poder hacerlo es necesario que se tramite a través de una Ley Orgánica, como también lo es para adoptar medidas que vayan contra “los derechos de propiedad y libertad de empresa”.

Vulnera sus derechos 

Una extensa argumentación que se recoge en casi medio centenar de páginas, que se van a emplear para intentar evitar la aprobación del Decreto. Si sale adelante, el problema se trasladará a las Comunidades -que tendrán que desarrollar la normativa- para limitar al sector e imponerle normativas similares a la del Taxi.

Eso sí, el documento asume también que será muy difícil para las empresas recurrir la norma más allá de la vía administrativa. En especial porque el Decreto Ley sólo puede ser recurrido por el defensor del pueblo, 50 diputados o senadores o algún organismo autonómico.

Precisamente, la fórmula escogida también es criticada por Garrigues, para quien el texto infringe el principio de “tutela judicial efectiva”, dado que “impide que los particulares expropiados puedan recurrir directamente la expropiación llevada a cabo por el Gobierno”.