José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. Pablo Cobos

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La CNMC abrió de oficio su expediente contra Telefónica por anomalías en sus datos

30 octubre, 2018 01:36

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto sobre la mesa un nuevo contencioso contra Telefónica, el operador con mayor cuota de mercado en España. La CNMC ha anunciado un nuevo procedimiento sancionador por ”presuntas conductas discriminatorias frente a sus competidores en los tiempos de provisión y de resolución de averías de los servicios mayoristas NEBA cobre y fibra", ha informado este lunes el organismo.

El organismo presidido por José María Marín Quemada abre un nuevo frente entre el regulador español y el operador “con poder significativo” en el mercado de banda ancha, con quien ha tenido varias diferencias en los últimos años.

De hecho, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con fuentes del mercado, esta investigación -cursada el 10 de octubre de este año- se ha puesto en marcha “de oficio” y, por tanto, no se ha generado por ninguna denuncia formal de algún competidor como Orange, Vodafone o MásMóvil.

Sanción de hasta 20 millones

Estas mismas fuentes indican a este periódico que Competencia decidió poner en marcha la investigación tras constatar la disparidad de los tiempos de resolución de incidencia entre Movistar y sus competidores, a partir de sus propios datos de seguimiento del mercado de las telecomunicaciones.

El expediente fue complementado por datos recogidos de otras investigaciones e información contrastada con otras ‘telecos’ que operan en España, que a su vez aportaron la documentación en su poder respecto de este caso.

Un expediente que nace de fiscalización de regulador y que investiga “una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones”. Estamos hablando de la mayor infracción que podría incurrir una teleco según esta Ley. Y, por tanto, con las mayores penalizaciones y sanciones. Una decisión que ha sorprendido en el mercado.

Esta misma normativa establece que la compañía investigada se expone a una sanción máxima de veinte millones de euros. De hecho, pocas veces se abre un expediente por las mayores sanciones en este tipo de mercados.

Condiciones de ofertas mayoristas

Dentro de las condiciones que la CNMC ha impuesto a Telefónica como operador dominante se encuentra la de responder y solucionar las incidencias de sus competidores -con los que comparte red y de los que es proveedor mayorista- con la misma celeridad con lo que los hace con sus propios clientes.

Según la Ley de Telecomunicaciones en resolución del 24 de febrero de 2016, la operadora debe prestar a terceros "recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma en las mismas condiciones y plazos", condiciones y plazos recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la propia CNMC.

Entre enero de 2017 y marzo de 2018 y a partir de los datos obtenidos, el regulador ha hallado "indicios suficientes" de que Telefónica habría incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta por su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.

Pérdida de clientes

Competencia alega que Telefónica habría suministrado servicios y reparado averías de sus propios clientes en mejores plazos que los registrados para la provisión y mantenimiento de los servicios mayoristas prestados a operadores alternativos. Por su parte, Telefónica es enfática al señalar que “han cumplido rigurosamente con los plazos que nos impone la CNMC para la provisión y mantenimiento del mayorista”.

Con todo, ahora se abre un largo proceso administrativo. La CNMC tendrá ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución, un periodo en el que Telefónica podrá presentar alegaciones, sin perjuicio de que el resto de operadoras sean requeridas de más información al respecto.

En cualquier caso, operadoras con las que ha hablado este diario lamentan que las eventuales sanciones del regulador no reparen el daño que podrían haber causado las dificultades en la resolución de incidencias y su impacto en la pérdida de clientes.