El próximo 5 de noviembre el Tribunal Supremo decidirá qué hace con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo hipotecario y quién debe abonarlo, si el banco o el cliente.

Pero cada día que pasa, alrededor de 900 personas pierden su derecho a reclamar un impuesto que ya pagaron en las operaciones realizadas hace cuatro años. En octubre de 2014 se formalizaron 20.054 hipotecas en toda España, según los datos del Consejo General del Notariado.

Es decir, cada día de octubre que se descuenta del calendario desde que el Supremo dejó en suspenso la decisión, casi un millar de prestatarios han perdido su derecho, señalan desde Legálitas.

Aún más. En los diez días que han pasado desde que se emitiera la sentencia favorable al prestatario hasta hoy, una media de 9.120 prestatarios ya no podrán beneficiarse de sus efectos si no han iniciado ningún trámite de reclamación que interrumpa el plazo de prescripción de cuatro años. ¿El resultado? El standby del Supremo le ha costado a estos clientes la pérdida de su derecho a la recuperar las cantidades que pagaron en su día a costa de este impuesto.

Según recuerda Legálitas, la última sentencia del Supremo declaró que era el banco y no el prestatario quien debía abonar el impuesto, por lo que con esta jurisprudencia vigente, tanto consumidores como profesionales pueden reclamar a Hacienda el importe liquidado si abonó este impuesto después de octubre de 2014.

El gabinete recomienda tener en cuenta estas opciones y no dejar que prescriba el derecho ya que, aunque el día 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera tiene que evaluar su última decisión, hasta que la sentencia se publique puede pasar un tiempo, con lo que más afectados podrían perder su derecho al fijar el límite de prescripción en cuatro años desde esa fecha.

¿Cómo reclamo en Hacienda?

Legálitas indica que para reclamar a Hacienda hay que presentar un escrito denominado Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos. 

El escrito debe presentarse de forma simultánea ante dos órganos: la Consejería de Hacienda de la comunidad autónoma donde se liquidó el impuesto y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La razón de este doble procedimiento es "evitar que ambas entidades se deriven la una a la otra a la hora de reconocer su responsabilidad", apuntan desde el despacho de abogados.

¿Tiene consecuencias negativas reclamar ahora? "Ninguna", aseguran los abogados. "Es un mero trámite administrativo que Legálitas está realizando de manera gratuita para todos sus clientes", sostiene. "No conlleva coste alguno y no impide reclamar nuevamente ante la Agencia Tributaria ni ante los Juzgados".

Y si el Supremo cambia el sentido de su sentencia y acuerda que es el prestatario el que debe pagar el impuesto, la reclamación "se archivaría sin más impacto sobre el reclamante", apunta.