Poco dura la alegría en la casa del pobre (en este caso, del rico). En menos de 20 horas los bancos han pasado de festejar que el Tribunal Supremo les eximiera de pagar el impuesto de las hipotecas a tener que asumir su coste por obra y gracia del Gobierno. Una medida que les costará 650 millones de euros anuales, según los cálculos que ha hecho Moody’s.

Aunque pueda parecer lo contrario, a la banca tampoco ha terminado de convencerle el giro que daba el Supremo tras quince días de incertidumbre en torno a qué iba a ocurrir con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). No tanto por exonerarla durante unas horas del coste de la tasa, sino por todo lo que ha traído consigo el revuelo montado por los jueces en torno al mercado hipotecario.

Pérdidas en Bolsa

Cuando el 18 de octubre el Supremo falló que era la banca quien debía asumir el AJD, los inversores daban la espalda al sector. Las pérdidas se instalaban en las cotizaciones de los bancos, borrando en una sola jornada más de 5.300 millones de euros. Un agujero que se hacía más profundo a medida que aumentaba la incertidumbre 24 horas más tarde. En total, la banca ha llegado a perder cerca de 8.500 millones de euros en el mercado.

La marcha atrás del Tribunal ha hecho que el sector recuperase cerca de 4.500 millones de euros este mismo miércoles; sin embargo, todavía queda camino para lograr neutralizar los efectos negativos que ha tenido para su cotización y, por ende, para sus accionistas.

Paralización del mercado hipotecario

Desde el 18 de octubre, el mercado hipotecario en España, que estaba en plena ebullición por el auge de la vivienda y la recuperación económica, se ha visto prácticamente paralizado. Las hipotecas se han venido firmando con una cierta normalidad, aunque en muchos casos los notarios se veían obligados a buscar fórmulas creativas para lograr cerrar las operaciones.

Aquellas personas que tenían que firmar la hipoteca preferían esperar a conocer la decisión del Supremo; por tanto, muchas operaciones han quedado aplazadas hasta esta semana. En donde más se ha notado la incertidumbre generada por el Supremo es en aquellos que aún estaban estudiando pedir un préstamo hipotecario. Su decisión quedaba aplazada hasta conocer el fallo.

Ahora que el Gobierno va a intervenir, y los cambios para que sea el banco el que pague el AJD, lo normal es que vuelva a agilizarse la petición de nuevas hipotecas.

Aumento del riesgo jurídico

La indefinición abierta por el Supremo en torno al mercado hipotecario, unida ahora a la decisión del Gobierno de legislar ‘en caliente’ a favor de los consumidores, ha hecho saltar las alarmas entre los inversores internacionales. Se ha activado el riesgo país, alertando de la posibilidad de enfrentar cambios por parte de jueces o legisladores sin motivos concretos y aparentes.

El hecho de que el Gobierno rectifique con un real decreto la decisión del Supremo abre una peligrosa puerta: que cualquier decisión judicial con la que el Ejecutivo no esté de acuerdo sea reformulada por la vía de los hechos. El hacer que la banca sea la que pague el impuesto de las hipotecas por un real decreto supone el cambio de una norma aprobada en los años 90 se haga como respuesta a la presión social.

Daño en la imagen

Las entidades financieras asumen que durante los años de la burbuja se cometieron excesos por parte de algunos actores del sector. Las consecuencias de aquello son de sobra conocidas y los actuales responsables llevan años trabajando para limpiar su imagen.

El Supremo, con sus cambios de criterio, ha puesto a los pies de los caballos a la banca; especialmente porque los partidos políticos han hecho que sean las entidades financieras quienes asuman el golpe de un impuesto que cobran obligadas por la ley vigente en este momento.

Vuelve a extenderse la imagen de la malvada banca que roba a los clientes. En este caso, y en contra de la utilización partidista que hace Podemos, la cosa parece evidente: los bancos repercuten el AJD al cliente, tal como establece la norma. Una vez cobrado, se liquida a las Comunidades (que son las que establecen cuánto debe abonarse). Por tanto, actúan como meros recaudadores del Estado. Es decir, que las entidades financieras no se quedan con el dinero del impuesto.