A tres días de que finalice el plazo, el 93% de los titulares de una licencia VTC han presentado su reclamación ante la Dirección General de Transporte Terrestre dependiente del Ministerio de Fomento.

“No queríamos que ningún propietario de VTC se quedase sin presentar sus alegaciones y hemos hecho todo lo posible por facilitárselo” señala Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC, la asociación con mayor representación en el sector del alquiler de vehículos con conductor en España.

La limitación que plantea el Gobierno supondrá un duro golpe para un sector que, a día de hoy, aporta 750 millones de euros a la economía española. Según el presidente de Unauto, "más de 15.000 trabajadores podrían verse en la calle"

La asociación no está de acuerdo con la medida. Alega que este “ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima", y que seguirá trabajando para que el sector pueda seguir operando "con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena".

Con esta nueva medida, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrán que hacer frente a un importante desembolso de dinero. Según los datos de Ernst & Young, el coste de una expropiación de VTC ascenderá a unos 3.800 millones de euros para las administraciones. Este coste pasa a dividirse entre las 17 Comunidades Autónomas en función del número de autorizaciones que tengan, de forma que algunas Comunidades, como Cataluña, tengan que desembolsar casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones.