Quedan meses todavía para que la tasa a las transacciones financieras entre a funcionar, pero los inversores empiezan ya a guardar la ropa. La intención del Gobierno es gravar la compra-venta de acciones con un gravamen del 0,2% que pagarán los intermediarios, pero en el mercado se da por hecho que será trasladado de forma directa a los consumidores.
El impuesto se aplicará sobre los títulos cuya capitalización sea superior a 1.000 millones de euros a fecha de 1 de diciembre de 2018, lo que supone afectar directamente a todas las cotizadas del Ibex 35. A ellas hay que sumarles otra treintena de compañías que cotizan directamente en el mercado continuo.
Por si fuera poco, todos aquellos fondos de inversión que tengan en su cartera alguna de estas compañías también tendrán que pagar.
Cae la negociación
Una cantidad que hace pensar a los gestores de bolsa que las cosas se pueden poner complicadas en los próximos meses. Los volúmenes de negociación en los últimos meses están bastante delicados, y la posibilidad de que operar en el mercado se pueda encarecer podría ocasionar que la rentabilidad de la bolsa caiga todavía más.
El año pasado se negociaron en el mercado 587.479 millones de euros, según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Es decir, casi el 10% menos que el 2017. Si bien es cierto que, a esa cifra, hay que sumarle otros 300.000 millones que se negociaron fuera de la plataforma de BME.
Victoria Torre, analista de Selfbank, teme que numerosos inversores decidan irse a operar con productos alternativos, o a mercados OTC (no regulados) para evitar el pago del impuesto o, directamente, opten por irse a otros países. Sobre todo, señala, “porque la tasa puede hacer que la operativa en bolsa se encarezca hasta en un 50%”.
Problemas para recaudar
De hecho, en Francia, la aplicación de la tasa en el año 2012 con el Gobierno de Nicolas Sarkozy, generó una caída en el volumen de negociación de los productos afectados de cerca del 10%. Lo mismo ocurrió en Suecia; y en Holanda, por su parte, tuvieron que retirar el proyecto ante el error estimado en la previsión de ingresos.
La intención del ejecutivo es recaudar cerca de 800 millones de euros anuales, pero esta cifra también genera grandes recelos. Desde Gestha, su presidente Carlos Cruzado expresa a EL ESPAÑOL sus dudas sobre la posibilidad de que este año el impuesto llegue a recaudar algo.
“Ahora tendrá que pasar la tramitación parlamentaria, luego hay tres meses para su puesta en marcha. Si llega a lograr algo de recaudación ésta será mínima”, sentencia. Además, recuerda que las experiencias que hay en otros países demuestran que este tipo de imposiciones acaban demostrando que las previsiones de ingresos fallan.
Otras experiencias
Cruzado considera que un impuesto de este tipo no puede aplicarse sólo a las acciones, ni sólo en un país. A su juicio, debería ser “global o, al menos, a nivel de la Unión Europea”. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr este hito.
Experiencias similares se han puesto en marcha ya en otros países. Así, por ejemplo, Bélgica y Grecia aplican tasas similares, y en Italia grava las acciones e instrumentos financieros emitidos por compañías italianas con una capitalización de, al menos, 500 millones con un 0,1 % -0,2 % para las operaciones over the counter (OTC) o bilatelares-.