La Comunidad de Madrid no está dispuesta a ceder al chantaje del Taxi. Así lo ha dicho el presidente regional, Ángel Garrido, quien ha insistido en que "no estoy dispuesto a legislar para expulsar a un sector", si lo creen "se han equivocado y ya pueden hacer las protestas que quieran", ha sentenciado.
Garrido sale así al paso de la radicalización de las protestas que el Taxi ha llevado a cabo en las últimas horas en Madrid. El corte de la M-40, un intento de cortar la A-2 o una marcha lenta por el centro de Madrid, así como escraches a políticos.
Acciones que "hacen que pierda toda la credibilidad", ha enfatizado, para volver a insistir en que la Comunidad está dispuesta a legislar en materia de captación de viajeros, pero no en incorporar un tiempo de contratación previa para Uber y Cabify.
"Los ciudadanos quieren que los dos sectores convivan armónicamente", ha sentenciado.
De hecho, a su juicio, el sector del Taxi "perdió este lunes una oportunidad de oro para llegar a un acuerdo" con la Comunidad en un decreto, adelantado por EL ESPAÑOL, en el que se cedía a prácticamente a todas las peticiones de los taxistas, ha dicho.
La situación a la que se ha llegado entre el Taxi y las VTC "se debe al Partido Socialista" y, en concreto, al decreto aprobado por el ministerio de Fomento que transfiere "un problema nacional a las comunidades autónomas", ha sentenciado.
Pide, por tanto, que tanto Pedro Sánchez como José Luis Ábalos "den la cara" para intentar solventar un conflicto que ha creado el Gobierno central.
Reunión con las VTC
Un aspecto en el que Garrido ha coincidido con los representantes de la patronal Unauto. Eduardo Martín, su presidente, se reúne este martes con la Comunidad para explicarles que si ceden a las presiones de los taxistas con la precontratación "será el fin de las operaciones de Uber y Cabify".
Una advertencia que se hace extensiva también a Barcelona en donde esta misma tarde la Generalitat va a explicar a taxistas y VTC cuáles son sus planes de futuro de cara a intentar regular ambos sectores.
La intención del ejecutivo catalán era ofrecer quince minutos de precontratación a la VTC, pero podría recular debido a problemas legales.