El Gobierno ha aprobado su proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, con el que pretende recaudar unos 1.200 millones de euros. No obstante, el documento que se ha enviado a las Cortes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL no termina de clarificar ni quiénes estarán afectados por esta nueva tasa ni los argumentos de Moncloa para justificar estos ingresos. 

Estamos hablando de un nuevo impuesto que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros, y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario.

Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en las que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros. Este impuesto ha generado el rechazo unánime de todo el sector empresarial tecnológico que califica esta tasa como un “freno a la inversión en España”.

Estimaciones de la Unión Europea

Volviendo a su estimación de recaudación, Hacienda indica que espera ingresar 1.200 millones, más del 21% de todos los nuevos impuestos que quiere ingresar durante 2019, unos ingresos clave para costear los gastos sociales para este año. No obstante, dentro de su propia memoria económica del impuesto reconoce que “el impacto recaudatorio asociado a este nuevo tributo es difícil de cuantificar” y que la cifra aportada es tentativa, aunque “no debería diferir en exceso”.

De hecho, en su memoria económica el Gobierno realiza estimaciones vagas y sin informes consistentes que sustenten el cálculo de los 1.200 millones de euros. Estas estimaciones “difíciles de cuantificar” se basan en que “los derechos de imposición en territorio español sobre las prestaciones de servicios digitales se ejercitan por primera vez, porque derivan de una fuente de valor relativamente novedosa”, indica el Proyecto de Ley presentado al Congreso de los Diputados.

La memoria parte de la hipótesis de impacto recaudatorio realizada por la Comisión Europea en el informe Commission Staff Working Document del 21 de marzo de 2018, que estimaba para España 600 millones de recaudación. Hay que destacar que Europa no llega todavía a acuerdo en una tasa digital europea, entre otras cosas porque no hay pacto respecto de las empresas y los montantes que abarcará.

Umbrales más amplios que en Europa

No obstante, Hacienda calcula que, según Eurostat, el peso de España en indicadores como la participación en redes sociales, la búsqueda de información para compra de bienes y servicios y búsqueda de información de viajes y alojamientos, representa un 9,1% de la UE. “Aplicando dicho porcentaje, la estimación se eleva a 728 millones de euros”, dice Hacienda.

Pero hay más. Los supuestos de Moncloa para seguir inflando esta recaudación indican que España establecerá umbrales de tributación más amplios que en Europa donde el límite es de cinco millones de euros. Se reduce a tres millones en el caso español “con la finalidad de ampliar significativamente el número de obligados en el segmento del universo empresarial especialmente poblado en nuestro país. Con ello, la estimación sube a 968 millones de euros”, concluyen.

Pero por si estas estimaciones no fuesen los suficientemente etéreas, Moncloa se permite fiar otros 200 millones de recaudación al fuerte crecimiento de los ingresos por publicidad online, los servicios de intermediación prestados por plataformas y el tráfico de datos de internet, “lo que lleva a prever una tasa de actualización anual de las cifras muy alta, varias veces superior a la evolución del PIB nominal”. Esto permite a Moncloa estimar el impacto recaudatorio entre 1.065 y 1.258 millones de euros.

Realidad del mercado digital

Los cálculos optimistas de Moncloa parten de la base de un mercado de servicios digitales de 40.000 millones de euros anuales -del que 1.200 millones corresponden al 3%-, un mercado que no existe ni en el más optimista de los casos. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que el volumen de negocio del comercio electrónico -donde se incluyen las transacciones de todas las empresas a las que apunta este gravamen- fue de 32.622 millones de euros entre abril del año pasado y marzo de 2018. En 2017 la cifra fue de 30.406 millones.

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en 2016  la industria de contenidos digitales facturó 9.834 millones, mientras que la inversión total en publicidad digital sobrepasó los 1.708 millones, según IAB Spain (Interactive Advertising Bureau).

Del mismo modo, para hacer su estimación Moncloa se basa en las estimaciones del Gobierno de Mariano Rajoy. “Como se señala en el documento de Actualización del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario 2018 se preveía recaudar con el impuesto 600 millones en 2018 y 1.500 millones en 2019, es decir, 1.050 millones de media anual, aún sin las medidas ahora previstas para la ampliación del número de obligados”.

Finalmente, dentro de la memoria económica se establece una única estimación real (aunque parcial) de esta cifra, basada en los datos de Orbis (con cifras del Registro Mercantil) recogidos por la Agencia Tributaria en distintos perfiles de empresas. “Con ello, aunque no sea posible confirmar la estimación anterior (1.200 millones), la recaudación que realmente se puede lograr con el nuevo impuesto no debería diferir en exceso de aquella (cifra)”, concluye el Gobierno su Proyecto de Ley sobre impuesto a los servicios digitales.