Luz verde a dos de los impuestos más polémicos que recogen los Presupuestos Generales del Estado: el de las transacciones financieras y el que grava a las empresas tecnológicas. Unas tasas con las que el ejecutivo espera recaudar 2.050 millones de euros, y que ha causado el rechazo más absoluto de los sectores afectados. 

En el caso de la tasa de servicios digitales la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal".

Estamos hablando de un nuevo impuesto que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario.

Sin el acuerdo con la UE

Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.

El Gobierno ha sacado adelante este impuesto pese a que la Unión Europea sigue sin sacarlo adelante y desoyendo los consejos de Bruselas que pedían un acuerdo armónico de todos los países europeos. El objetivo es recaudar unos 1.200 millones de euros, una cifra que en el sector se ve como inasumible.  De este montante, al menos 100 millones de euros anuales, se recaudarán entre las empresas de telecomunicaciones.

Rechazo del sector tecnológico

La patronal de la industria digital en España, AMETIC ha destacado que la aprobación del gobierno se ha llevado a cabo “sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo”. Además, AMETIC señala que “la mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario”. En la misma línea, la patronal critica que la tasa digital provocará que se incrementen “los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital”.

Por su parte, DigitalES -asociación que integra a compañías como Cellnex, Huawei, Siemens, HP, MásMóvil, Orange, Vodafone y Telefónica- advierte de la doble tributación en que incurriría el proyecto. Según la asociación este proyecto debe perseguir un reequilibrio fiscal y un level playing field con las mismas reglas para los mismos servicios. “Estamos a favor de las iniciativas que persigan esta finalidad, pero siempre evitando la doble imposición y sólo gravar a las compañías que no están tributando por el impuesto de Sociedades”, indican.

Respecto a la nueva tasa de servicios digitales Vodafone cree que “mete más presión fiscal a las telecos” y coincide con DigitalES en que en lugar de aplicar level playing field (que las empresas digitales soporten nivel de presión fiscal similar al de las empresas tradicionales) grava a entidades residentes que pagan Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de sus rentas “sin establecer un mecanismo de corrección que evite una doble imposición”.

Impuesto a las transacciones financieras

En el caso del impuesto a las transacciones financieras, gravará la compra de grandes empresas españolas con un 0,2%. Afectará a la compraventa de las compañías con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Una tasa que tendrá que abonar el intermediario financiero, con independencia de si actúa por cuenta propia o de terceros. 

Con él se esperan recaudar unos 850 millones de euros, aunque la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) cree que la cifra será muy inferior. Baraja una horquilla cercana a los 450 millones de euros. Se trata de un impuesto finalista, que busca financiar las pensiones. 

No es un impuesto a la banca, es un impuesto que pagarán los ahorradores dado que los intermediarios financieros serán quienes lo abonen y, a buen seguro, lo repercutirán a los clientes. Además, en Francia (donde se aplica algo similar) nunca ha cumplido con las expectativas de recaudación.