Es el momento idóneo para poner en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No obstante, debe ir acompañada de una reforma en profundidad de la fiscalidad ambiental: "Quien contamina, paga; quien descontamina, desgrava".
Estas son algunas de las conclusiones de los 18 expertos que, como miembros de Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) y expertos en medio ambiente, han hecho públicas, fruto del estudio del anteproyecto de ley.
El apoyo a la puesta en marcha de la ley es, por parte de estos expertos, "expreso". En este sentido, consideran que la aprobación de un marco normativo estable "no admite retrasos". El momento para hacerlo, pues, es idóneo: "Supone una ocasión para que España transmita una imagen de país comprometido con la lucha contra el cambio climático", se explica en el documento de las conclusiones. Así, consideran que sería un sinsentido dar la espalda a acuerdos internacionales, en concreto al Acuerdo de París.
No obstante, hay varios flecos que, a ojos de los firmantes, el anteproyecto no ha tenido en cuenta. El primero de ellos, y a la vista de los actores implicados en esta "transición", tiene que ver con la fiscalidad. "Las señales de precio son críticas para activar, sentar y acelerar el proceso de descarbonización de la economía", explican. Por eso, creen necesaria una reforma fiscal que penalice a quien contamina, contribuyendo a su parecer, a través de la recaudación, a "financiar" el cumplimiento de los objetivos de cambio climático y transición energética.
Dando por sentado que es necesario un consenso político, no exento de dificultades "en el momento actual", apuntan a que es un instrumento indispensable para la movilización de recursos para la lucha contra el cambio climático. "El reto es mucho más amplio que la coyuntura política", expresaba Guillermina Yanguas, magistrada y doctora en Derecho, este jueves durante la presentación del documento.
Valentín Alfaya, director de medio ambiente de Ferrovial y firmante del documento, era claro: "El marco que tiene que generar la ley es de seguridad jurídica a muy largo plazo", e insistía: "El volumen de las inversiones es ingente, por lo que necesitamos inversión privada, y eso requiere seguridad".
¿Prohibir tecnologías?
Entre la veintena de expertos no ha habido acuerdo sobre si, en el proceso de transición, hay que prohibir algunas de las tecnologías. En este sentido, los firmantes reconocen divergencia de opiniones sobre la neutralidad tecnológica. Mientras algunos en el grupo de trabajo apuntan a la necesidad de ser flexibles en la forma de alcanzar los objetivos -por la incertidumbre respecto a qué tecnologías se podrán aplicar en el futuro-, otros señalan que la ley debe determinar las tecnologías aplicables.
"En todo caso, resulta preciso un marco jurídico estable para no generar incertidumbres", insisten en el documento, al tiempo que aclaran: "Es innegable que está en marcha una revolución tecnológica sin precedentes en el ámbito de las energías limpias, las baterías o la digitalización".
Eso sí, la ley debe ir acompañada, a ojos de estos expertos, de un análisis del ciclo de vida de cada uno de los sectores y productos a los que afecta. "Sin datos fiables, el establecimiento de objetivos realistas y al gestión se complican".
Echan de menos, además, un "mayor compromiso" del sector público, cristalizado en productos, proyectos, infraestructuras y servicios de bajas emisiones.
De las redes a la edificación
Si bien es cierto que el anteproyecto es sólo eso, los expertos de Fide lamentan que haya aspectos a los que el texto no ha hecho mención.
Así, en el plano de las redes, señalan que no hace referencia "a la cogeneración como herramienta de eficiencia, ni al autoconsumo que vierte a redes interiores". Asimismo, tampoco han encontrado referencias a las instalaciones de generación distribuida conectadas a redes de distribución no cerradas que, a su parecer, serán la inmensa mayoría entre aquellas cuya producción resulta accesible a todos los consumidores.
Por otro lado, en el plano de la movilidad, los firmantes del documento proponen un tratamiento más detallado del sector del transporte, poniendo el foco en un "progresivo cambio modal" del transporte hacia el ferrocarril electrificado.
En el sector de la edificación, además, explican que, como responsable de casi el 30% de las emisiones en España, es insuficiente cifrar en 100.000 el objetivo de viviendas rehabilitadas con criterios de eficiencia energética hasta 2030; a su parecer, la cifra se encuentra entre 250.000 y 400.000 viviendas al año.
Con varios aspectos concretos en los que exigen más detalle, y a la espera de lo que quede reflejado en el plan que se envíe a Bruselas -previsiblemente la semana que viene-, los expertos pretenden que estas ideas sean tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha una ley que, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio climático de España.
*** Los expertos encargados de elaborar el documento han sido los siguientes:
Valentin Alfaya Arias, Health&Safety, Quality & Environment Director de Ferrovial.
Mariano Bacigalupo Saggese, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Antonio Baena Martínez, Socio director de G-advisory, filial del grupo Garrigues
Maria Luz Castilla Porquet, Senior Advisor de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Secretaría General Técnica del grupo español de Crecimiento Verde.
José Antonio Castro Fernández, Responsable de la Unidad de Regímenes Especiales en la Subdirección de Energía Eléctrica del ente regulador de los mercados, CNMC.
Francisco Espinosa Cabezón, Socio Director de la Asociación de Consumidores de Electricidad. Servicios de Gestión de Energía (ACE).
Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Santiago Garrido de las Heras, Abogado. Socio de Hogan Lovells.
Mariano González Sáez, Técnico Superior de la Administración del Estado, desempeñando puestos directivos de carácter ambiental en los tres niveles de la administración.
David Howell, Responsable de Clima y Energía, Departamento de Gobernanza Ambiental, SEO/BirdLife.
José López-Tafall, Director de Regulación de Acciona.
Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo del País Vasco. Abogada del Área de Derecho Público de Gómez Acebo y Pombo.
Milagro Martínez-Pardo Cabrillo, Fiscal Adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.
Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático en el Área de Presidencia de Iberdrola.
Fernando Soto Martos, Director General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).
Fernando Valladares, Profesor de investigación del CSIC, dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Antonio Vercher Noguera, Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado.
Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico de Fide.