Moncloa aprobó hace unos días su nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales con el que espera recaudar 1.200 millones de euros durante este 2019. Una tasa ampliamente rechazada por las empresas tecnológicas que este martes han puesto cifras al negativo impacto del nuevo tributo.

Según han indicado las patronales Ametic y Adigital, el coste para el consumidor español será de hasta 665 millones de euros, las empresas verán reducidos sus beneficios en hasta 562 millones y recortará el PIB en hasta 662 millones de euros.

Según el informe Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la economía española, elaborado por PwC a petición de Ametic y Adigital, el coste al consumidor -de entre 515 a 665 millones de euros- se deriva del incremento del precio de los productos y servicios, lo que lleva a pagar más por ellos, repercutiendo negativamente en el ahorro, e incluso convirtiendo algunos bienes en prohibitivos.

Impacto en las empresas

Las principales patronales tecnológicas han adelantado lo que parecía evidente: que trasladarán parte del coste de este nuevo impuesto al consumidor. Un impacto que, según el informe, tendrá un coste aproximado de 30 euros extras al año para cada consumidor digital al año.

Del mismo modo, y en el caso de las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de ventas por el traslado de parte del precio final al cliente final.

Finalmente, el tercer gran efecto es que el menor beneficio en las empresas españolas tendrá una repercusión negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB. Como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, por la menor facturación.

Las patronales piden consenso global

Respecto del impuesto, las patronales tecnológicas han vuelto a manifestar su rechazo. María Teresa Gómez, directora general de Ametic indicó que este impuesto supone una penalización a la industria digital y que su puesta en marcha de manera unilateral en la Unión Europea supone un gran handicap para las compañías españolas que deben competir en el resto del continente.

Del mismo modo, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, ha coincidido en la necesidad de una regulación aceptada y consensuada a escala global, basada en el diálogo constructivo y coherente. "Se trata de lograr un marco regulatorio moderno y adecuado, que incorpore principios internacionales que han posibilitado la innovación hasta ahora".