La Plataforma Integral del Taxi prepara un arsenal de iniciativas judiciales en su guerra contra los VTC. Para abrir fuego, un grupo de 700 taxistas interpondrán este jueves en Madrid una demanda por competencia desleal contra Uber, Cabify y "otras sociedades que el único fin que tienen es quedarse con el monopolio del transporte", según ha anunciado en Bruselas el portavoz de la asociación, Tito Álvarez.

El segundo paso será una "macroquerella criminal" ante la Audiencia Nacional contra una trama de "personas físicas y jurídicas" (que Álvarez ha eludido identificar) a las que los taxistas acusarán de "estafa masiva, blanqueo de capitales, fraude de ley y maquinación para alterar el precio de las cosas". Una macroquerella que ya ha reunido alrededor de 2.000 firmas -los taxistas esperan llegar a 10.000- y que se presentará a finales de febrero o principios de marzo.

La traca final será una denuncia contra el Estado durante el mes de abril por daños patrimoniales al sector del taxi por haber permitido lo que consideran una actividad ilegal por parte de los VTC. La Plataforma Integral del Taxi sostiene que las licencias de VTC, al tener un carácter estatal, "sólo habilitan a prestar servicio en trayectos supraautonómicos" y no dentro de las ciudades, según el abogado de la asociación, Elpidio José Silva. "Nunca se ha perpetrado un fraude durante tanto tiempo, tan masivamente y generando una óptica tan deformada de la realidad", asegura Silva.

Los taxistas han pedido además a la Comisión Europea que intervenga en el conflicto con los VTC. Alegan que la directiva comunitaria de liberalización de servicios excluye expresamente al sector del taxi y que España ha incumplido su obligación de supervisar y controlar el usos de las licencias estatales de VTC. Álvarez y Silva habían pedido reunirse con representantes del Ejecutivo comunitario, pero finalmente no ha sido posible "cuadrar la agenda" porque la visita se organizó con mucha celeridad, según ha explicado el portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán.

Bruselas se lava las manos pero pide proporcionalidad

Sus reuniones en Bruselas se han limitado a un encuentro con un grupo de eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, BNG, Equo, Iniciativa per Catalunya-Verds, y un representante de la oficina del portavoz de Ciudadanos, Javier Nart. No ha acudido ningún representante ni del PP ni de los socialistas. Los parlamentarios se han comprometido a presentar interpelaciones al Ejecutivo comunitario y a estudiar una posible denuncia contra España.

Sin embargo, la Comisión Europea se lava de momento las manos: se trata de un tema de competencia nacional. "Conocemos las iniciativas de diferentes autoridades regionales (Madrid y Cataluña) para introducir una nueva regulación en los servicios VTC. Como hoy en día no hay legislación específica de la UE para el transporte de pasajeros en coche, estos servicios se regulan a nivel nacional o local", ha dicho una portavoz del Ejecutivo comunitario.

No obstante, Bruselas avisa de que "cualquier restricción a la libertad de establecimiento de los proveedores de servicios debe aplicarse sin discriminación por motivos de nacionalidad, debe estar justificada por razones fundamentales relacionadas con el interés general y no puede ir más allá de lo necesario para lograr este objetivo".

El portavoz de la Plataforma Integral del Taxi ha puesto como modelo de regulación el decreto del Gobierno catalán, que impone la precontratación de 15 minutos de los VTC. "Creemos que el decreto de Cataluña tiene que marcar una línea en el resto del Estado. No puede ser que haya taxistas de primera o de segunda según que Gobierno haya", sostiene Álvarez.