El juicio por la salida a bolsa de Bankia centra estos días la atención de los servicios jurídicos de la entidad. Pero no es el único litigio que tiene pendiente en los tribunales. En concreto, al margen de todas las contingencias relacionadas con ese proceso, el banco que lidera José Ignacio Goirigolzarri tendrá que hacer frente a otras 22.782 demandas relacionadas con hipotecas. 

En concreto, 16.637 procedimientos están abiertos por cuestiones relativas a los gastos de formalización de hipotecas. A ella hay que sumarle una demanda colectiva presentada por Asufin por cesación y reclamación de cantidad de gastos e IRPH. Es decir, el Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios y que es el principal indicador del precio de la hipoteca en aquellas que no están referenciadas a euribor. 

A todas esas demandas hay que hay que sumar otras 6.415 que tienen como objeto la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. Se trata de reclamaciones a nivel individual por los clientes, a la que se le incorpora otra acción colectiva instada por Adicae contra Bankia y otras entidades financieras, y sobre la que falló en 2018 la Audiencia Provincial de Madrid.

Procesos abiertos

En el auto se rechazan los recursos de los bancos contra la sentencia de Primera Instancia que falla en favor de Adicae y por la que se obliga a eliminar esas cláusulas de los contratos y a devolver las cantidades abonadas por los consumidores. Una decisión que afecta a la entidad por partida doble, ya que debe asumir también las de los contratos hipotecarios de BMN con la que culminó en 2018 el proceso de integración. 

Sin embargo, en este caso Bankia asegura que “el impacto será limitado”, dado que ya puso en marcha un mecanismo de resolución extrajudicial, y por el que devolvió 194 millones de euros a 38.500 clientes. 

No sólo eso, recuerda que todavía pueden recurrir al Supremo y que, en cualquier caso, la sentencia no afecta a todos los procesos abiertos. Esto implica que “la pretensión de restitución de las cantidades abonadas que en su caso se habrá de ventilar en ejecución de sentencia en atención a las circunstancias de cada caso concreto”. Es decir, que tendrá que analizarse caso por caso a quién se le devuelve el dinero y a quién no. 

Provisiones

Por el momento Bankia tiene provisionados 193,6 millones de euros para litigios. Una cifra que considera ajustada para los riesgos a los que puede tener que hacer frente, según explica en el informe de gestión. 

Estos más de 22.700 litigios se suman a las distintas causas abiertas por la salida a bolsa de la entidad, entre ellas la de las tarjetas black, pero también otros pleitos a los que tendrá que hacer frente. Entre ellos destaca 691 demandas al amparo de la Ley 57/68, relativa a la devolución de dinero adelantado a una promoción inmobiliaria que no salió adelante. 

A todo esto hay que sumarle otra serie de pleitos que la entidad detalla como, por ejemplo, una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia contra los miembros del consejo de administración; o distintos procedimientos civiles por preferentes y subordinadas.