En la carrera por regular la movilidad compartida, Barcelona ha puesto sobre la mesa una tasa por ocupación del espacio público. Un impuesto de 71,51 euros que se aprobará tras el pleno de este viernes y que entrará en vigor un día después, cuando se publique en el boletín oficial de la provincia.

Mientras el Ayuntamiento de la capital catalana trabaja en la elaboración de un plan de movilidad para la ciudad, se ha optado por una reforma de la ordenanza fiscal para incluir esta tasa. Una forma de ponerlo en marcha que ha sido criticada por el sector ya que, en palabras de Anna Merino, portavoz de Smart Mobility, “equipara al motosharing con una terraza de un bar”.

La ordenanza fiscal incluye las tasas por “la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal y la prestación de otros servicios”, y es que el Consistorio barcelonés siempre ha apelado a “la gestión del espacio público” como un eje fundamental en la regulación de la movilidad compartida.

Sin embargo, las empresas del sector critican que se vaya a poner en marcha esta medida en un marco fiscal que incluye a los quioscos, las terrazas de los establecimientos de restauración y ahora también a las bicicletas y las motos de uso compartido.

Claves de la tasa

La tasa por ocupación del espacio público de este tipo de vehículos se aprobó provisionalmente en noviembre, dejando para finales de este año la regulación del carsharing. Para las motos y las bicicletas compartidas el Ayuntamiento de Barcelona otorgará licencias que incrementarán el número de bicicletas en un 70% y el de motos en un 47%, según el Ayuntamiento.

Las licencias serán temporales con una duración de tres años y serán intransferibles. En cuanto a los requisitos de las empresas, estarán obligadas a utilizar todas los vehículos que hayan sido autorizados, tendrán que ofrecer un modelo de movilidad eléctrica y tendrán que cumplir con los criterios de seguridad municipal.

Además, tanto las motos como las bicicletas deberán incorporar elementos de geolocalización que permita retirar los vehículos averiados en menos de 24 horas. El Ayuntamiento deberá tener acceso a los datos de uso en tiempo real y en el caso de las bicicletas, deberán contar con un sistema de anclaje para poder ser aparcadas en los espacios habilitados.

El sector pide una tasa finalista

Desde Smart Mobility, lobby de empresas de la movilidad eléctrica aseguran que no tienen “problema en pagar la tasa” pero, a cambio, piden “bonificaciones temporales durante unos años para hacer crecer el número de usuarios”. En esta línea, la portavoz Anna Merino ha explicado que desde el sector se entiende que “si hay que pagar la tasa, que ésta sea finalista”.

Milán es una de las ciudades que proponen desde Smart Mobility como ejemplo. En esta ciudad italiana, la recaudación de la tasa que se estudia implantar, de unos 50 euros por vehículo, iría destinada a la formación de los usuarios de este tipo de movilidad.

En este sentido, Merino propone que este tipo de impuestos sirvan para “crear zonas de párking al lado de estaciones del transporte público, diseñar zonas para vehículos compartidos o instalar infraestructuras de movilidad sostenible”.

Desde este sábado, las empresas de motosharing y bikesharing en Barcelona deberán empezar a pagar este impuesto que -como ya explicó este periódico- el consistorio no descarta trasladar a las empresas de carsharing.