En consejo de administración de Prisa ha aprobado este martes una ampliación de capital de 200 millones de euros con suscripción preferente para los actuales accionistas, un montante que se destinará a la compra del 25% que no controlan todavía de Santillana, una operación cerrada en 312 millones y asegurada por el Santander. Los 112 millones restantes serán financiado con la generación de caja de la anterior ampliación de capital.
EL ESPAÑOL ya adelantó la operación en diciembre pasado, indicando que el objetivo de la nueva ampliación de capital que este lunes se ha aprobado es también "españolizar la compañía" para poder sustituir a los actuales fondos por capital local y con vocación de permanencia. No obstante, en este punto las fuentes consultadas indican que, por el momento, el apoyo vendría de los actuales accionistas, a excepción de Amber que ha confirmado a este diario que no tienen interés por ahora de suscribir la operación.
La piedra angular de esta refinanciación es el apoyo que encuentren los accionistas de Prisa para suscribirla. El gran objetivo político de esta ampliación de capital es buscar accionistas españoles de pedigrí que conformen un núcleo duro y estable dentro del editor de El País. No obstante, las últimas informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL indican que, hasta el momento, esta búsqueda de empresas españolas que quieran invertir en Prisa no ha dado los frutos esperados.
Gestiones de Javier Monzón
De hecho, otras fuentes cercanas al consejo consultadas por este diario indican que la última semana el nuevo presidente no ejecutivo de la compañía Javier Monzón tomó las riendas de las negociaciones, pidiendo -sin éxito- a grandes empresarios españoles que se involucraran a título personal en el proyecto. La tercera vía era acudir a la facción latinomericana de la compañía, es decir Roberto Alcántara y Oviedo Holdings.
La operación bendecida por el Santander cuenta con la aprobación de Amber Capital, el fondo dueño del paquete mayoritario de Prisa con más de un 27%. El problema es que Amber no quiere aumentar su participación -ni invertir más dinero- para no tener que superar el 30% y tener que lanzar una Opa sobre la compañía. Fuentes cercanas al fondo han indicado a este diario que, por el momento, no está en sus planes ser el gestor de una empresa de medios de comunicación.
De esta manera, la ampliación quedaría en manos del resto de los accionistas y según ha indicado Prisa solo el 42% de su capital ha manifestado su apoyo. la compañía aprobó en febrero del año pasado otra ampliación de capital de 563,2 millones de euros, que se convirtió en una de las piedras angulares de su última refinanciación con la banca. En enero, el grupo acordó con la banca acreedora el aplazamiento del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022 con una primer pago de 450 millones y un calendario de amortización ajustado a la generación de caja de la compañía.
Empresas presentes en Prisa
Después de la última ampliación de capital que salvó a Prisa del desequilibrio patrimonial y tras la salida de Juan Luis Cebrián, Prisa está en manos de Amber con casi un 29%, seguida del banco HSBC con el 10%, Oviedo Holdings con el 10%, Telefónica con el 9,4%, los Polanco (Rucandio) con el 8,4%, Adar Capital con un 7,3%, Roberto Alcántara con el 5,1% y Santander con el 4,1%. La pelota ahora está en su tejado.
Con todo, en el mercado se considera que entrar en estos momentos en Prisa no es un gran negocio para una gran cotizada o una empresa española de gran facturación. La crisis crónica del sector de los medios, la arremetida de los gigantes de internet que siguen ganando terreno en la publicidad digital y las dudas sobre digitalización del principal editor de periódicos de España, mantienen su cotización en bolsa en mínimos.
Al cierre de la jornada del miércoles la acción de Prisa cotizó en 1,70 euros lo que eleva su capitalización bursátil a 951 millones de euros. Entrar en la compañía no supondría una gran inversión y menos en las cifras que se ha acordado -200 millones de euros- pero a día de hoy se considera en el mercado que una operación de este tipo no es económicamente justificable. Otra cosa serían las motivaciones políticas.
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