El tribunal de Tokio que instruye el caso del expresidente de Nissan Carlos Ghosn ha aceptado este martes poner en libertad bajo fianza al empresario, quien permanece en prisión provisional desde finales de noviembre por presuntas irregularidades fiscales.

El juez ha decidido conceder la libertad al alto ejecutivo francobrasileño bajo una fianza de 1.000 millones de yenes (7,8 millones de euros/8,9 millones de dólares), ha informado el tribunal tokiota en un comunicado.

Esta instancia ha aceptado así la petición presentada la semana pasada por el nuevo equipo de defensa legal de Ghosn, tras rechazar dos solicitudes similares que habían presentado sus anteriores abogados.

Aunque la decisión aún puede ser recurrida por la Fiscalía, de ser ratificada por el tribunal supondría que el ejecutivo podrá salir del centro de detención donde permanece bajo arresto provisional desde el pasado 19 de noviembre.

Ghosn está acusado de ocultar supuestamente a las autoridades millonarias compensaciones pactadas con Nissan Motor y violar la confianza de la empresa al utilizar presuntamente fondos de esa firma para cubrir pérdidas financieras personales, además de realizar unos pagos al parecer injustificados a un empresario saudí.

Dos peticiones anteriores

El tribunal había denegado las dos peticiones anteriores de libertad bajo fianza presentadas por la defensa de Ghosn con el argumento de que el detenido podría destruir pruebas en su contra o huir de Japón.

El exdirectivo, de 64 años, contrató a mediados de febrero a un nuevo equipo de abogados liderado por Junichiro Hironaka, considerado una eminencia en Japón tras haber llevado con éxito varios casos de alto perfil.

En una rueda de prensa ofrecida en la víspera, Hironaka expresó su confianza en poder lograr "lo antes posible" que Ghosn saliera de prisión, y explicó que la nueva solicitud de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal contaba con "argumentos convincentes".

Para garantizar que el exdirectivo permanecerá en Japón y que no tratará de destruir posibles pruebas, sus abogados propusieron que las autoridades puedan controlar todas las comunicaciones de Ghosn y monitoricen sus movimientos empleando cámaras o dispositivos de localización electrónica, entre otras medidas.