Acampar ante el ministerio de Fomento sale barato. Que le pregunten al sector del Taxi que, tras la huelga del pasado verano en pleno Paseo de la Castellana, sólo ha tenido que pagar 601 euros de sanción.  

Se trata de una multa impuesta a un taxista por vulnerar la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Así lo explica la Delegación del Gobierno en Madrid en un escrito de contestación a una serie de preguntas planteadas por la patronal de VTC, Unauto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. 

En él se puede comprobar cómo la Delegación asegura que no hay ningún expediente sancionador en marcha contra los taxis. También que "no consta" que hubiera comunicación alguna sobre una concentración de coches frente a Fomento el pasado mes de julio de 2018. 

¿Por qué no desalojó? 

La Delegación del Gobierno elude responder a otras preguntas lanzadas por la patronal Unauto a través del portal de Transparencia. En concreto, no contesta a los motivos por los que no se desalojó la vía pública, quiénes fueron los responsables del operativo o el coste que tuvo para las arcas públicas. 

Unas respuestas que para el sector de las VTC demuestran la "laxitud" con la que el Ejecutivo actuó contra el Taxi el pasado verano. También consideran "gravísimo" que se ocupe una arteria principal de Madrid y no se tomen medidas. Sobre todo, dicen, cuando lo que se busca es presionar al Gobierno para que legisle contra un sector de actividad económica y a favor de los taxistas. 

La acampada ante Fomento venía precedida de una huelga de taxis en Barcelona, que colapsaron la Avenida de la Diagonal, y de otra en Madrid, bloqueando el Paseo de la Castellana ante el departamento de José Luis Ábalos. Fueron días intensos en los que el Gobierno acabó acordando con las asociaciones del Taxi la puesta en marcha de un Real Decreto que pusiera límites a los vehículos de alquiler con conductor (VTC). 

Cataluña y Valencia

El decreto vio la luz el pasado mes de octubre y fue aprobado el noviembre, aunque todavía está pendiente que se tramite como proyecto de Ley, tal y como se votó en el Congreso de los Diputados. Esa normativa transfería potestad a las Comunidades para legislar a las VTC, y es la que ha servido de marco a Cataluña y Valencia para imponer la precontratación a los coches que emplean Uber y Cabify. 

La actitud de la Delegación del Gobierno en verano contrasta con la mantenida el pasado mes de enero cuando los taxistas madrileños decidieron acampar en Colón. Entonces la policía, a instancias del Ejecutivo regional, desalojó la calle y sancionó con más de 40.000 euros a los propietarios de licencias de Taxi.