Los taxistas y los conductores de VTC se convierten en objetivo de los partidos políticos

La guerra entre el Taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha quedado aplazada hasta después de las elecciones generales y autonómicas. Los programas electorales van a ser analizados al dedillo por sus responsables para ver cuáles son los planes que tienen los partidos políticos para ambos sectores tras los comicios y, la verdad, que el análisis de las propuestas es sorprendente. 

Empezando por el programa del Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, no aparece ni una referencia al Taxi ni a las VTC. El Ejecutivo puso en marcha en la pasada legislatura un real decreto que permitía a Comunidades y Ayuntamientos regular la actividad de los vehículos que emplean Uber y Cabify, y parece que ha dado por terminada su labor. 

Eso sí, la próxima legislatura apostará por cambiar de nombre el Ministerio de Fomento. Pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El objetivo es avanzar en las “inversiones en Cercanías, promoviendo tarifas competitivas en ferrocarril de media y larga distancia, con el objetivo de aumentar en un 30% el número de pasajeros” en 2025. 

También aboga por la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible, que garantice el “derecho a la movilidad de toda la ciudadanía”, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. Para ello, se apuesta por electrificar y digitalizar la movilidad, sobre todo en carreteras, ferrocarril y aeropuertos. 

Desde el Partido Popular, por su parte, se decantan por “derogar” el llamado decreto Ábalos para regular al Taxi y las VTC. El objetivo es garantizar la “libertad de elección del usuario”. También sostiene que abogará por “incrementar las oportunidades de los taxistas para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. La regulación pondrá al ciudadano y su libertad de elección como eje”.

Podemos y Cs

Mucho más radicales son en Podemos. Tal como ha contado EL ESPAÑOL la formación morada quiere rescatar licencias de VTC para cumplir con el ratio de una VTC por cada 30 taxis. Es decir, supondría recuperar 12.000 permisos, con el consiguiente riesgo de tener que pagar más de 3.000 millones de euros en indemnizaciones. 

El equipo de Pablo Iglesias reclama también que el Estado y las Comunidades “cooperen” para establecer los siguientes requisitos: “dos horas de precontratación, que haya una distancia mínima con el pasajero, así como de estaciones, aeropuertos o paradas de Taxi y, por último, limitar el geoposicionamiento”. De este modo, el usuario no podrá saber dónde está el coche más cercano.

Por último, Ciudadanos. Ha presentado este martes su programa electoral y en él avisa de que “derogaremos de forma inmediata” el decreto de Fomento contra las VTC. A su juicio, hay que acabar con la “absurda” fragmentación del mercado y se necesita garantizar la competencia y la seguridad jurídica. 

La formación de Albert Rivera señala que se diseñará un nuevo marco regulatorio nacional, que permita la “coexistencia armónica” entre taxis y VTC. Para ello proponen habilitar servicios como el viaje compartido (car-pooling), y flexibilizar el Taxi para que sea más competitivo: “eliminaremos requisitos injustificados, flexibilizaremos las tarifas en precontratación e impulsaremos la modernización y la renovación de la flota por modelos más eficientes y menos contaminantes”, acaba el programa electoral.