La polémica está servida. El lunes tendremos que fichar en el trabajo aunque todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. El objetivo es reducir el número de horas extra que realizan los trabajadores españoles. La duda está en saber si, de verdad, se trabaja en exceso o no en las oficinas de nuestro país.
Basta con mirar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para darse cuenta de que razón no le falta al Gobierno. Durante el primer trimestre del año los empleados trabajaron 5,6 millones de horas extra a la semana. De ellas, 3,7 millones las hicieron hombres y 1,9 millones mujeres.
Ahora bien, no todos los empleados tienen que ‘currar’ más de la cuenta. En realidad esos 5,6 millones de ‘extra’ recaen en 670.000 trabajadores de los que casi la mitad (321.000) no cobra por ellas. O, al menos, no por todas ellas. La EPA refleja cómo cada semana 2,6 millones de horas no son abonadas. Acabar con ellas es, precisamente, uno de los objetivos de la norma que obligará a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores.
La secretaria de estado de empleo, Yolanda Valdeolivas, ha dicho ya en numerosas ocasiones que el objetivo es “dejar constancia del derecho de los trabajadores a exigir que no le sean impuestos horarios laborales por encima del que hay pactado".
La EPA muestra cómo 222.000 trabajadores hacen entre 3 y 6 horas de más a la semana; 135.000 efectúan entre entre 9 y 12 horas; mientras que 120.000 hacen entre una y tres horas. Un tiempo de trabajo que tiene que cotizar exactamente igual que la jornada laboral ordinaria y que debe ser remunerado.
El problema para las empresas, tal y como explica a EL ESPAÑOL Talmac Bel, socio del departamento laboral de Fieldfisher Jausas, no es tener que pagarlas. La gran problemática es que un trabajador sólo puede hacer 80 horas anuales de más. Ahí está el motivo por el que muchas corporaciones están preocupadas por la nueva normativa de fichaje: sin esas jornadas extraordinarias no podrían mantener sus niveles de productividad.
El origen de la norma
La nueva normativa que entra en vigor el lunes viene impulsada por el decreto de medidas urgente de protección social y lucha contra la precariedad en el trabajo. Con él, entre otras cosas, se busca evitar las horas extra no abonadas e injustificadas. También pretende adelantarse a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se fallará el próximo lunes, coincidiendo con la puesta en marcha del registro de la jornada laboral.
Se da por hecho que el TJUE va a fallar en el sentido de la norma aprobada por el Gobierno de Sánchez. Se trata de una cuestión elevada por la Audiencia Nacional en donde se juzga una denuncia de Comisiones Obreras contra Deutsche Bank por el control horario a sus trabajadores.