La pasada semana el Tribunal Supremo consideró que "hasta que no finalice la concesión" de la AP-7 no debía "pronunciarse sobre el fondo de la interpretación del convenio" entre Abertis y Fomento. Un desencuentro entre el Ministerio y la compañía, valorado en casi 3.000 millones de euros, que lleva 10 años arrastrándose y que ahora recibe un balón de oxígeno por parte del Supremo. 

Con su decisión, el Tribunal ha dado un nuevo plazo a Fomento -hasta el 31 de agosto de 2021- que ha sido acogido con gran optimismo. Al poco de anunciarse la decisión del Supremo, Fomento comunicó su voluntad de volver a la mesa de negociación con Abertis, compañía que aceptó la invitación de buen grado.

Y es que para Fomento, en este momento, una decisión del Supremo favorable a Abertis habría sido muy dañina. Aún está muy reciente la decisión del Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, el rescate de las autopistas o la indemnización del Castor. La AP-7 habría levantado ampollas en un momento clave de las negociaciones políticas para formar Gobierno.

Ahora, con Fomento y Abertis de vuelta a la mesa de negociación, se abre una nueva etapa para encontrar una solución pactada. La compañía valora en 2.951 millones de euros el importe que reclama al Estado por las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en 2006. 

Para compensar esta cantidad la solución más fácil que se presenta es llegar a un acuerdo que contemple que se amplíe la concesión de la AP-7 a Abertis. Una solución que no es la única y que a día de hoy es altamente impopular pero que, otra vez más, el calendario puede favorecer. Concretamente en dos factores.

El primero tiene que ver con las próximas elecciones autonómicas catalanas. En estos momentos, existe un gran consenso a la hora de señalar 2020 como el año en el que los catalanes deberán volver a elegir sus representantes. Alargar la decisión de la AP-7 más allá de esta fecha es algo clave para los intereses del actual Gobierno de cara a esos comicios. 

El segundo factor tiene que ver con decisiones que deben tomarse durante el hipotético nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Cuatro años en los que, tanto desde la parte privada como desde la pública, comienza a haber consenso a la hora de señalar que esta legislatura tiene muchas papeletas para que el pago por uso de las infraestructuras se generalice como forma de asumir los costes de las inversiones necesarias para mantener las carreteras en buen estado y mejorar sus prestaciones.

Una posible ampliación de la concesión de la AP-7 sería mucho menos impopular en el caso en que se diera a la vez que en el resto del Estado se toman medidas similares. 

Origen del conflicto

Abertis y el Ministerio de Fomento llegaron a un acuerdo para que la compañía realizara unas obras de mejora en esta infraestructura. El convenio en el que se enmarcó el acuerdo contaba con unas estimaciones de tráfico que, tras la llegada de la crisis económica, no se han cumplido y han ido engordando el fondo de compensación que reclama la compañía.

Del importe reclamado, 890 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 2.061 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.

Tras el acuerdo alcanzado en 2006 no fue hasta cinco años después, tras la llegada al Gobierno del Partido Popular, cuando el Ministerio de Fomento comenzó a plantear dudas sobre el cálculo de la compensación que solicitaba Abertis. Tras varios intentos de llegar a un acuerdo el asunto terminó en los tribunales.

El Consejo de Ministros de julio de 2017 resolvió que no correspondía compensar a Abertis por el tráfico de la AP-7 escudándose en el descenso de tráfico que habían sufrido todas las infraestructuras de este tipo durante los años de crisis.

Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Abertis. En su resolución señaló que el convenio era legal, legítimo y que la cuantía presentada por Abertis estaba correcta. Fomento decidió recurrir el tema con lo que llegó al Supremo. Tribunal que ahora decide darse tiempo hasta agosto de 2021.

Arranca ahora una nueva partida en la que los dos jugadores comienzan con la mejor predisposición posible para conseguir una resolución que desde fuentes del sector señalan "sea buena para todos: El Ministerio, la empresa y los ciudadanos".