La polémica por el convenio de la AP7 aún tardará en tener una resolución en firme. El Tribunal Supremo considera que "hasta que no finalice la concesión y se proceda, conforme a lo establecido en el propio convenio, a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación, no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación del convenio".

De esta manera, el Tribunal decide diferir la cuestión al momento de la finalización de la concesión, que será el 31 de agosto de 2021.

Abertis valora en 2.951 millones de euros el importe que reclama al Estado por las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP7 en Cataluña en 2006. 

La compañía y el Ministerio de Fomento llegaron a un acuerdo para que Abertis realizara unas obras de mejora en esta infraestructura. El convenio en el que se enmarcó el acuerdo contaba con unas estimaciones de tráfico que, tras la llegada de la crisis económica, no se han cumplido y han ido engordando el fondo de compensación que reclama la compañía.

Del importe reclamado, 890 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 2.061 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.

En su último informe anual Abertis afirmaba que mantenía "con más convicción si cabe, la solidez de los argumentos jurídicos, basados en el propio convenio que la Administración concedente y la concesionaria firmaron por razones de interés general", según indica el documento. 

Más de una década de conflicto

Este proceso judicial está siendo seguido muy de cerca tanto por parte de la empresa como por parte del Ministerio. Los potenciales 3.000 millones de euros que tendría que pagar el Estado se sumarían al reciente "rescate" de nueve autopistas de peaje en quiebra. Una situación muy incómoda para el Ministerio de Fomento que ahora toma respiro durante, al menos, dos años.

Tras el acuerdo alcanzado en 2006 no fue hasta cinco años después, tras la llegada al Gobierno del Partido Popular, cuando el Ministerio de Fomento comenzó a plantear dudas sobre el cálculo de la compensación que solicitaba Abertis. Tras varios intentos de llegar a un acuerdo el asunto terminó en los tribunales.

El Consejo de Ministros de julio de 2017 resolvió que no correspondía compensar a Abertis por el tráfico de la AP7 escudándose en el descenso de tráfico que habían sufrido todas las infraestructuras de este tipo durante los años de crisis.

Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Abertis. En su resolución señaló que el convenio era legal, legítimo y que la cuantía presentada por Abertis estaba correcta. Fomento decidió recurrir el tema con lo que llegó al Supremo. Tribunal que ahora decide darse tiempo hasta agosto de 2021 para tomar una decisión definitiva sobre la compensación que la concesionaria debe, finalmente, recibir.