Todos los escándalos llevan a OHL pero aún puede seguir recibiendo contratos públicos

El pasado 28 de marzo comenzó una nueva pesadilla para OHL. Ese día se dio a conocer que la Audiencia Nacional está investigando en una pieza separada del caso Lezo, el presunto pago de comisiones irregulares por parte de directivos de la constructora a ayuntamientos y comunidades autónomas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Un caso que se suma a la lista de presuntos pagos a políticos realizados por parte de empleados de la constructora que se están investigando, y pese a los que OHL todavía puede seguir licitando y trabajando con la Administración.  

Ahora, han trascendido nuevos detalles de la investigación que revelan una serie de audios en los que Paulino Hernández, exdirectivo de OHL, propone a diferentes cargos públicos el pago de comisiones con los que, supuestamente, se habría sobornado a políticos. Del mismo modo, en alguno de los audios se hace referencia a que parte de ese dinero pudiese haber llegado a financiar campañas políticas.

Concretamente, una de esas grabaciones recogería la petición de mordidas por parte de un cargo del Partido Popular para financias parte de la campaña de las elecciones europeas de 2009 a cambio de aprobar un sobrecoste en una obra. 

Del mismo modo, el pasado miércoles declaró como investigado el directivo de OHL, Mariano Javier Peláez Toré, quien aseguró que no reconocía su voz en las grabaciones en las que supuestamente aparecería.

En otra tanda de audios, exdirectivos de OHL comentan el presunto reparto de mordidas entre al menos los tres altos cargos de Coalición Canaria mencionados por obras relacionadas con Puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla (Tenerife) y La Estaca (El Hierro). 

Uno de los interlocutores de la conversación que implica a los exaltos cargos vuelve a ser Paulino Hernández. Los otros dos implicados con pasado en OHL son el también exdirectivo Feliciano Ramos y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de Construcción de la compañía.

Julio Bonis, según afirmaría la grabación, habría recibido la presunta mordida en su residencia de la Baja California, donde lleva instalado desde que abandonó la vida pública. "Se lo estamos soltando en México, en la Baja California", se escucharía en los audios.

Conexión Mexicana

Y es que el mix entre grabaciones y México no es una novedad para OHL. En 2015 otra tanda de grabaciones señalaba a que directivos de la constructora en el país centroamericano habrían realizado prácticas irregulares. En este caso los ex trabajadores de la compañía Pablo Wallentin Crawford, Jesús Campos López y José Luis Muñoz comentaban un supuesto sobrecoste de una obra que habría pasado de los 4.000 millones de pesos a los 10.000 millones.

En medio de estos escándalos José Andres de Oteyza, que ocupó la presidencia de OHL en México entre 2005 y 2016, dejó la compañía alegando "razones personales". El directivo se vio salpicado por las escuchas que levantaron sospechas sobre algunos contratos ganados por la constructora en México.

Tanto fue así que, cuando Alfredo del Mazo ganó las elecciones del Estado de México en 2017, se comprometió a "revisar cualquier anomalía" en contratos que OHL había conseguido y que se ponían en duda tras los audios destapados en México. 

Un país que ahora vuelve a relacionarse con prácticas ilícitas que engordan la lista de casos en los que directivos de OHL están siendo investigados. Además del caso Lezo, profesionales de la constructora aparecen en las investigaciones de Púnica, Barcenas, Gürtel o Son Espases.

En el caso de la Púnica, el último informe incluido en la causa por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala un supuesto cobro de 800.000 euros en comisiones que habrían sido acordados por empleados de OHL.

En este caso, las investigaciones dibujan una trama protagonizada por Jesús Trabada, que ostentó cargos en Transportes de la Comunidad de Madrid; Francisco Granados, que llegó a ser consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Javier López Madrid, yerno Juan Miguel Villar Mir que ostentó el cargo de consejero delegado del Grupo Villar Mir y fue consejero de OHL.

Según las investigaciones, todos ellos habrían tenido una supuesta presencia, a través de terceras personas, que incluiría al antiguo jefe de gabinete de Granados y a la hermana de López Madrid, en el accionariado de una firma de servicios que habría sido la encargada de pagar los 800.000 euros en comisiones. 

Los papeles de Bárcenas 

En lo que tiene que ver con los denominados como Papeles de Bárcenas, las investigaciones señalan supuestos pagos de medio millón de euros. Una de estas aportaciones aparecería justo después de que OHL se hiciera con una de las obras de M-30. Un contrato valorado en 25 millones de euros que, una anotación de 100.000 euros en los documentos del antiguo tesorero del Partido Popular, podría poner bajo sospecha.

Además de este pago, profesionales de OHL habrían participado, supuestamente, en otros dos arreglos que elevarían la cuantía de su participación en este escándalo hasta el medio millón de euros.

La aparición en el caso Gürtel vino de la mano de la declaración de Francisco Correa. El cerebro de la trama llegó a afirmar en la Audiencia Nacional que OHL fue una de las empresas que recurrió a sus servicios para obtener adjudicaciones. Unas declaraciones que recibieron como respuesta la querella por parte de la constructora en la que se solicitaba que Correa aportara pruebas que dieran sustento a esta acusación.

El último de los casos que ha ocasionado que OHL vuelva a la primera plana en los últimos días tiene como protagonista al hospital balear Son Espases. En este caso, las acusaciones señalaron que el expresidente Jaume Matas intentó influir en la mesa de contratación para que OHL fuera adjudicataria del hospital debido a que la constructora era donante del Partido Popular. Una operación que finalmente se habría frustrado debido a que este intento de presión saltó a la luz.

Los argumentos de OHL para defenderse

En su defensa OHL mantiene que los directivos implicados en estos escándalos ya no forman parte de la compañía. En este mismo sentido, durante la última Junta General de Accionistas el presidente de la compañía, Juan Villar Mir, señaló que la empresa ha puesto en marcha una "investigación interna" con la que quieren llevar a cabo cambios lo más rápido posible.

OHL ha remitido un informe a la Audiencia Nacional de su modelo de prevención de delitos. Un documento en el que explica que cuenta con una política anticorrupción que prohíbe todas las conductas ilícitas.

La constructora detalla en el escrito que todos los empleados conocen el código ético y el resto de la normativa interna de la empresa. También señala en este informe que cuenta con organismos independientes que velan por el cumplimiento de su código ético y de su normativa interna.

Además, destaca que cuenta con un sistema disciplinario que sanciona el incumplimiento de este código ético y que se compromete a responder ante cualquier indicio de actos de corrupción.

Por último, desde OHL indican que la empresa "no está siendo investigada por la Audiencia Nacional" y que adicionalmente al informe y a las prácticas corporativas ha encargado al despacho de abogados Baker Mckenzie "una investigación independiente para determinar si ha habido actuaciones ilícitas en OHL". 

La puesta en marcha de estas investigaciones no ha condicionado la operativa de la constructora. Según la legislación que se puede aplicar en los casos que se están investigando, aunque las personas relacionadas con la empresa fueran condenadas como culpables, la compañía podría seguir optando a contratos con la administración española. 

Solo los delitos de esta índole cometidos más tarde de 2017 pueden conllevar que una empresa pierda la potestad de contratar con el Estado.  

Indignación de los accionistas minoritarios

La aparición de empleados de la compañía en todos estos escándalos ha causado malestar entre accionistas minoritarios de OHL. Algo que fue patente durante la celebración de la última Junta General de Accionistas que fue aprovechada por miembros de este colectivo para mostrar su disconformidad con la gestión de la empresa por parte del actual equipo directivo.

Varios accionistas criticaron duramente las decisiones tomadas por la dirección y pidieron al Grupo Villar Mir que abandonase el accionariado.

Algunas de las investigaciones que están en marcha estuvieron presentes entre las quejas que los accionistas hicieron públicas ese día. "La aparición de la empresa en casos como el Lezo, la venta de la división de concesiones... la gestión ha sido y sigue siendo un auténtico desastre. Ustedes necesitan una tarjeta roja. Me opongo a la reelección de Juan Villar Mir como presidente y a cualquier tipo de retribución variable para este consejo hasta que esta empresa vuelva a la rentabilidad", declaró el accionista minoritario José Juan Sosa, intervención que fue acompañada de un gran aplauso de gran parte del auditorio.

Así las cosas, OHL tiene en los procesos judiciales en los que aparecen antiguos directivos de la empresa uno de los frentes que más quebraderos de cabeza va a dar a la compañía durante los próximos meses. Un periodo de tiempo en el que la constructora pretendía tener todos los sentidos puestos en volver a la senda del beneficio, tras los malos resultados cosechados en 2018, pero en el que la sombra de las malas prácticas aún le acompañará.