La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de multar a las principales empresas del sector lácteo por adoptar prácticas anticompetitivas para presionar a los ganaderos que les venden leche. Una sanción de 80,6 millones de euros que viene motivada por unas prácticas que tenían como objetivo manipular el precio de compra de la leche cruda, y para ir cediéndose de unas a otras a las industrias ganaderas.
Según explica el regulador, las prácticas se llevaron a cabo entre 2000 y 2013. Lo que hacían la veintena de empresas implicadas era intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra a ganaderos y excedentes de leche. Un traspaso de documentación que buscaba “consensuar y adoptar una estrategia conjunta” para “controlar” el mercado de aprovisionamiento.
Por ejemplo, las empresas transformadoras hablaron e intercambiaron datos sobre los precios que ofrecían a los ganaderos o los que iban a ofrecer en un futuro. También se avisaban de unas a otras cuando un ganadero tenía intención de cambiar de empresa láctea, así como las medidas que podían aplicar para evitar el movimiento.
El objetivo
¿Qué conseguían con esto? Básicamente ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos. De este modo, limitaban la competencia. No sólo eso, es que con su actuación los ganaderos “carecían de libertad para fijar su producto y la empresa a la que suministraban”, lo que distorsionaba el normal funcionamiento del mercado.
Estos acuerdos “agravaron la situación de un mercado concentrado” desde el punto de vista de la demanda. Son las empresas quienes tienen el poder negociador frente a los ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar la cuota láctea.
Estas prácticas ahora sancionadas eran ejercidas por parte de las principales empresas del sector: Capsa (21,8 millones); Danone (20,2 millones); Lactalis Iberia (11,6 millones); Industrias Lácteas Granada (10,2 millones); Calidad Pascual (8,5 millones); Nestlé España (6,8 millones); Schreiber Food España (929.644 euros); Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (90.000 euros); Asociación de Empresas Lácteas Galicia (60.000 euros) y Central Lechera Galicia (53.310).
Algunos se salvan
La resolución, contra la que no cabe recurso alguno por la vía administrativa, deja claro también que otras empresas como Industrias Lácteas Asturianas, Grupo Leche Rio, Feiraco Lácteos, Leche Celta, Forlactaria Operadores Lecheros y Central Lechera Asturiana también participaron en el cártel. Sin embargo, cree que en estos casos la infracción está prescrita.
Se trata de un expediente abierto en 2015 que anuló la Audiencia Nacional en octubre del año pasado por un defecto de forma. Ahora, la CNMC ha reabierto el caso que comenzaba después de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio de Defensa de Competencia de Castilla y León. En él se hablaba de que podían existir conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Además, existía una denuncia de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) contra las empresas.