No habrá paz para el diésel. La guerra contra este combustible ha sido declarada y, aunque no sea plato de gusto en todos los sectores, lo cierto es que, unos más que otros, han comenzado a asumirlo.

Este mismo viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reseñó que el Gobierno mantiene su intención de subir el precio del diésel para equipararlo progresivamente al de la gasolina, "sin que ello tenga impacto en los conductores profesionales".

Se trata, explicaba Montero, de cumplir con las peticiones de la OCDE de subir los impuestos de los combustibles por el impacto medioambiental. En este sentido, insisten desde el Ejecutivo en que no se trata de una medida recaudatoria, sino disuasoria. El diésel es el enemigo a batir.

Mensajes que, a la vista de los datos, están calando entre aquellos que pretenden cambiar de vehículo. Tanto es así que, en 2018, las matriculaciones de gasolina superaron a las de diésel por primera vez en 20 años. Así, de los 1,3 millones de vehículos vendidos en España el año pasado, el 55,96% son gasolina y el 35,83% diésel. El resto, se lo dividen entre híbridos (no enchufables y enchufables) y eléctricos, no llegando estos últimos al 0,5%.

La incertidumbre reinante

"Detrás de esta la incertidumbre que hoy tiene cualquier ciudadano que quiere cambiar el coche están los mensajes que se han estado dando respecto a las distintas tecnologías", explicaba el presidente de BP España, Luis Aires, durante la presentación del BP Statistical Review of World Energy la semana pasada.

Hoy, en España hay 30.000 vehículos eléctricos. "Hay que pasar a 23 millones, que es el parque actual. Va a llevar tiempo y va a depender del desarrollo tecnológico", reconocía Aires.

La subida del impuesto al diésel "penalizará a los usuarios de vehículos diésel indiscriminadamente, tanto viejos como nuevos, sin tener en cuenta que los vehículos diésel que se venden actualmente en los concesionarios, son más limpios y eficientes. No es lo mismo un vehículo diésel Euro 6 actual que uno de hace veinte años", aseguran a este periódico desde Sernauto, que insiste en que la solución para alcanzar los objetivos medioambientales está en la puesta en marcha de medidas para el rejuvenecimiento del parque, "no en penalizar la economía" de quienes han optado por este combustible.

Así, desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción, insisten: "Elevar el nivel impositivo a este combustible puede producir un efecto desincentivador, tanto en la compra como en el uso de vehículos nuevos diésel, que en muchas ocasiones son sustituidos por gasolina, lo cual dificulta alcanzar los objetivos de reducción de emisiones".

La misma opinión tiene el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, para quien la Administración "debe hacer un ejercicio de responsabilidad y no lanzar mensajes que confundan al ciudadano creando incertidumbre acerca del coche que debe comprar". "Debe ser mucho más didáctica y hablar con propiedad, dejando claro que la contaminación no es una cuestión de motorizaciones sino de antigüedad", explica a este periódico.

En este sentido, insiste en que lo "realmente eficaz" es  ir a la raíz del problema e impulsar la renovación del parque. En concreto, "con un plan estructural de incentivo al achatarramiento que no dependa de los Presupuestos, que respete la neutralidad tecnológica y que apoye tanto al nuevo como al usado de hasta tres años porque estos modelos son eficientes con independencia del motor que los propulse". De lo contrario, dice Palacios, frenará las ventas, "que es lo que está ocurriendo ahora mismo, con el impacto negativo que esto tiene para el desarrollo económico y el empleo".

Las empresas, a por alternativas

Lo cierto es que, pese al malestar de algunos actores implicados, muchos están inmersos ya en la búsqueda de alternativas con las que hacerse hueco en la transición energética y sufrir (menos) esta penalización.

Así, quienes trabajan en esto son todos, desde fabricantes de automóviles hasta petroleras. En este sentido, además de los esfuerzos que se están destinando al coche eléctrico, cabe señalar otras alternativas al diésel puestas en marcha como el empeño de Repsol con el autogás o la apuesta Hyunday y Toyota por los coches de hidrógeno.

El Gobierno, mientras, trata de potenciar el vehículo eléctrico. Según sus cálculos, habrá 5 millones circulando en España en 2030. Entre otras cosas, los contactos con empresas extranjeras están siendo constantes. Aquí, destacan los encuentros con empresas chinas, algunas de las cuales ya han confirmado su interés por el mercado español. "El vehículo eléctrico es una gran oportunidad, desde fabricantes de baterías hasta ensamblaje", insisten fuentes del Ministerio de Industria.

Todo un despliegue en el que también las eléctricas están redoblando esfuerzos pero que, de momento, no se traslada a las ventas tanto como quisieran. ¿Cuestión de tiempo?