Oproler, la constructora madrileña presuntamente implicada en el caso de las mordidas del 3% de CiU, ha presentado concurso voluntario de acreedores este mes de julio. La decisión de acogerse a este procedimiento se ha producido más de un mes después de que la compañía lanzara un SOS a través de la prensa para advertir de que se acogería al concurso y tratar así de apretar a los bancos en las negociaciones, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso.

El aumento de los costes de las empresas subcontratas con las que trabajan las constructoras, junto con la falta de nueva obra pública en un año marcado por los múltiples procesos electorales que han afectado a nuevos contratos, están detrás de los problemas financieros que padece la compañía, que cuenta con más de 200 empleados, según los datos que figuran en Informa.

Ya en las cuentas que la constructora presentó en 2017 (las últimas públicas) alertaba de que el buen momento macroeconómico que estaba impulsando su sector, tenía una contrapartida en una "subida de precios brutal" en el mercado de productos y subcontratas. En ese ejercicio, logró un resultado positivo superior al millón de euros. Pero en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil se mostró cauta con las expectativas de negocio para 2018 porque esperaba que esa tendencia en los costes continuara a lo largo del ejercicio.

La trama en Cataluña

La compañía ha atravesado años complejos desde que su nombre apareció en el listado de compañías del entramado de financiación irregular de CiU en Cataluña. Su principal accionista y anterior cara visible del grupo, Sergio Lerma, reconoció ante el juez de El Vendrell que subvencionó organizaciones para tratar de abrirse camino en la obra pública catalana. 

Según la declaración que publicó Crónica Global de EL ESPAÑOL en agosto de 2017, Lerma explicó en los juzgados que tras presentarse a varios concursos públicos en Cataluña con la oferta más competitiva y no lograr ningún contrato, mantuvo una reunión con la empresa de la Generalitat GISA (ahora transformada en Infraestructuras de Cataluña). En esa conversación, le propusieron que hiciera unas donaciones a una serie de fundaciones vinculadas al partido desaparecido para paliar su falta de catalanidad.

Junto a él, se vieron involucrados en el caso otros dos directivos de la constructora. En concreto, su responsable del negocio en Cataluña, Josep Manel Bassols, y el director de contratación del grupo, José María Zaragoza de Pedro.

Los problemas de Lerma con la Justicia por aparecer en el escándalo del 3% obligaron a Oproler a nombrar presidente y consejero delegado a Enrique Quevedo. El empresario, que además resultó estar vinculado al CNI en una información publicada por El Confidencial, fue apartado, pero mantuvo su poder en la compañía como máximo accionista a través de la sociedad Oniler.

Curiosamente, el bufete que ha sido nombrado administrador concursal de la firma madrileña es Lexaudit, uno de los despachos que figuró en el listado de empresas que trasladaron su sede de Cataluña a Madrid en 2016, por la inseguridad jurídica que se abrió por el procés.