Alerta roja en el mercado del alquiler residencial. Fondos de inversión y propietarios de viviendas están preocupados ante los planteamientos que Podemos hace al Psoe para apoyar la investidura de Sánchez en materia de vivienda. En concreto, les alarma que la formación morada insista de forma tajante en que es necesario poner un límite a los precios del alquiler de las casas, especialmente en las grandes ciudades. 

Fuentes del sector consultadas por este periódico, coinciden en que una medida de este tipo hará que muchas viviendas que ahora están en el mercado del alquiler se retiren y vuelvan a quedar vacías o se pongan a la venta. No sólo eso, es que creen que podría tener un efecto contrario al buscado y hacer que los precios medios de las rentas suban. 

¿Cómo es posible? Básicamente, explican, porque el objetivo de Podemos es que el precio de las casas se tope en función de un índice que todavía no se ha creado, aunque ya se recoge en la última ley sobre el alquiler. Por tanto, puede haber propietarios que ahora mismo ofrezcan su vivienda a un precio más bajo que la media y que, llegado el momento, opten por subirlos hasta el límite que fije el indicador del Gobierno. 

Desde el sector de las infraestructuras se muestran prudentes y prefieren esperar a que hayan medidas concretas para estudiarlas y evaluarlas. Del mismo modo, señalan que es importante conocer cuál va a ser la configuración final de lo que hasta ahora era el Ministerio de Fomento.

Las políticas de infraestructuras y vivienda habían ido hasta ahora de la mano y pese al amago de los presupuestos de intentar controlar el precio de la vivienda, finalmente descartado (aunque ahora podría recuperarse), las compañías de este negocio no habían visto con malos ojos las iniciativas del gobierno resultante tras la moción de censura.

La experiencia de Barcelona

Según explica Fernando Encinar, portavoz y cofundador de Idealista, “eso ya ocurrió en Barcelona, en donde se creó un índice de rentas, y aquellas viviendas que estaban en peor estado y se ofrecían a precios inferiores a la media acabaron elevando la renta hasta situarse en el precio marcado por el índice”. 

Es decir, que podría tener un efecto “contrario al que se busca y acabe perjudicando a los sectores a los que se quiere proteger”, indica el experto inmobiliario. No sólo eso, es que otras fuentes recuerdan que en un mercado limitado muchos de los fondos que poseen vivienda en alquiler podrían optar por retirarla y ponerla a la venta. ¿El efecto? Menos stock disponible para alquilar, más viviendas a la venta y un encarecimiento de la vivienda de segunda mano. 

Pero dentro del sector inmobiliario existen todavía más dudas sobre la forma en la que se puede articular este control de precios, sobre todo en un mercado como el español en el que apenas hay viviendas públicas que puedan, en un primer momento, tirar a la baja los precios del mercado. 

La renta antigua

Encinar recuerda también que en España ya tenemos una experiencia del control de precios, que fue la llamada ‘renta antigua’ que se impuso en nuestro país a partir de 1964 y hasta 1985. ¿Qué provocó? Básicamente “que muchas viviendas salieron del mercado, por el otro que que muchos propietarios decidieran no invertir en el mantenimiento de las casas provocando la degradación de muchos barrios”. 

Prueba de los efectos que esa ‘renta antigua’ tuvo en nuestro país está en que “en los 50 la mayor parte de la gente vivía en el centro de las ciudades en régimen de alquiler, y en poco más de treinta años el efecto fue el contrario: en los años 90 sólo el 8% tenía vivienda alquilada”. 

¿Y qué hay de las experiencias de ciudades como París, Berlín o Nueva York para topar los precios? Para Encinar todavía es pronto para hacer grandes valoraciones, aunque ya se pueden ver los primeros efectos. “En Berlín se impuso el límite a los alquileres hace cuatro años y todo está desmadrado; en París los precios de alquiler han seguido subiendo y en Nueva York sólo se aplica a la vivienda pública”, sentencia Encinar. 

La solución para las distintas fuentes consultadas pasaría por ofrecer incentivos a los propietarios de las viviendas. Es decir, ofrecerles ayudas a fondo perdido para rehabilitar casas y ponerlas en alquiler a un precio fijado por el Ejecutivo, o bien bonificaciones fiscales si optan por abaratar las rentas que quieren obtener.