Insisten en que van justos de tiempo, pero trabajan sin descanso para poder presentar las alegaciones antes del próximo 9 de agosto. Es la fecha límite que la Comisión Nacional de los Mecados y la Competencia (CNMC) ha marcado para recibir los comentarios por su propuesta de recorte en los pagos a eléctricas y gasistas; una propuesta que tiene al sector energético, sobre todo al gas, en vilo.
Los sindicatos temen que la propuesta afecte al empleo, sobre todo por las inversiones previstas, por lo que preparan la artillería para alegar por qué la propuesta del regulador podría tener efecto no solo entre las plantillas actuales, sino en las estimaciones de empleo de los próximos años.
El tono, sin embargo, es cordial. Los sindicatos quieren entenderse con la CNMC e insisten en que "todo lo que se haga para bajar la factura al consumidor será bueno". Algo que, no obstante, creen que podría no llegar a buen puerto si las compañías "no cuentan con las garantías" para invertir en infraestructuras.
Los últimos en transmitir su posición, hasta el momento oralmente, han sido los representantes de USO, que este lunes se reunieron con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y su equipo. En ese encuentro, transcurrido en un clima de "fluidez y transparencia", el sindicato recalcó que les preocupa la "estabilidad, credibilidad y seguridad jurídica". "También les hicimos la petición de que cuando esto finalice no va a haber nuevos ajustes", cuentan a este periódico fuentes del sindicato.
Una reforma que, según comparten todos los sindicatos, no ha incluido el estudio del efecto que podría tener en el empleo. De momento, CCOO, UGT y USO se encuentran los tres preparando por separado sus alegaciones para enviarlas a la CNMC, pero, según ha podido saber este periódico, las tres están valorando la posibilidad de mandar las alegaciones de forma conjunta.
El informe del ministerio, al caer
Paralelamente, el ministerio que preside -en funciones- Teresa Ribera trabaja en un informe sobre los borradores de circular que remitirá en los próximos días a la CNMC y que pretenden hacer público por considerar la información importante para los actores directos y para los consumidores.
"Estamos evaluando bien la metodología que aplican y qué discrepancias, fallos o sugerencias podrían ayudar a mejorar su propuesta", explicaba este lunes la ministra en un encuentro de la UIMP.
Preguntada por si la CNMC podría estar regulando aspectos que no le pertenecen, la ministra ha asegurado que, salvo para la planificación de nuevas infraestructuras que creen competencia del Gobierno y que no corresponde a la CNMC tomar una decisión al respecto, "en principio" no discuten que sean de su competencia "la mayor parte de las cosas" que propone.
Una carrera a contrarreloj en la que todos siguen con la meta fijada en el 9 de agosto, puesto que, de momento, el regulador parece no estar dispuesto a ampliar el plazo para recibir las alegaciones.