El Ministerio para la Transición Ecológica considera necesaria la convocatoria de la Comisión de Cooperación para resolver sus discrepancias con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto a la propuesta de recorte del regulador para el sector gasista.
En su informe sobre el borrador de circular de la CNMC por el que se establece la metodología para la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera afirma que la propuesta "no ha tenido en cuenta la orientación de política energética, relativa a la introducción en la metodología de retribución de un principio de prudencia financiera para los titulares de los activos de transporte y regasificación".
"Ello a pesar de que la propia CNMC en diversos informes económicos-financieros de actividades reguladas ha manifestado su preocupación por el elevado grado de apalancamiento de las actividades reguladas y juzgado conveniente el establecimiento normativo de límites de apalancamiento adecuados para las mismas", añade.
Asimismo, bajo el marco retributivo propuesto, para asegurar que se cumple con la orientación de incentivar la extensión del funcionamiento de las instalaciones, cree necesario analizar si la retribución por extensión de vida útil que se establece compensa suficientemente al titular de un activo frente a la alternativa de invertir en una nueva instalación que los sustituya.
En este caso, considera que este análisis sólo podrá realizarse una vez se conozcan los valores unitarios por inversión y por costes de operación y mantenimiento que la propia CNMC tiene previsto aprobar próximamente.
A pesar de estas discrepancias, el Ejecutivo valora "positivamente" la propuesta de la CNMC, en la que plantea para los siguientes periodos regulatorios una rebaja del 17,8% en la retribución de la distribución del gas y del 7% en la de la electricidad, así como un recorte del 21,8% para la actividad de transporte de gas y regasificación y del 8,2% para la del transporte eléctrico, y comparte "el enfoque general" de la propuesta.
No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ve necesario convocar la Comisión de Cooperación, organismo previsto en la ley por la que se devolvió a la CNMC sus competencias en materia energética y que estaría compuesta por tres miembros del regulador y otros tres de la Secretaría de Estado de Energía, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada a las discrepancias y adecuarla a sus orientaciones de política energética.
El sector eléctrico
En lo que se refiere a la propuesta para la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, el Gobierno también valora "positivamente" la circular de la CNMC y cree que la nueva metodología es "continuista".
Sin embargo, en este caso también ve discrepancias para convocar la Comisión de Cooperación debido a diferentes aspectos. Así, considera que se adecúa "de una manera parcial" la necesidad de incentivar la extensión del funcionamiento de las instalaciones más allá de su vida útil retributiva.
Además, señala que aborda aspectos que corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto, invadiendo así sus competencias, como el establecimiento de un límite máximo de inversión anual y la aprobación de los planes de inversión.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera también afirma que, al no identificarse claramente el concepto retributivo en el que se enmarcan las inversiones necesarias en activos encaminados a la modernización y digitalización de la red, "no se está ofreciendo un marco retributivo claro, predecible y adecuado para que se puedan acometer dichas inversiones".
En el caso de la propuesta de circulares de la CNMC para la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista y del operador del sistema eléctrica, el Gobierno no ve motivos para plantear la convocatoria de la Comisión de Cooperación.
En lo que respecta al operador del sistema eléctrico, señala que se puede considerar que la propuesta se adecúa en su "totalidad" con las orientaciones de política energética, mientras que en el caso del gestor del sistema gasista cree que se adecúa "parcialmente".