La idea de Isabel Díaz Ayuso de viajar a Cataluña para seducir a los empresarios catalanes con las bondades de su rebaja fiscal no ha sentado bien en Barcelona.

En el entorno de las grandes empresas que trasladaron su sede se lamenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid lance una operación de "márketing político" con la Diada y la sentencia del procés a la vuelta de la esquina.

El viaje tampoco gusta a las patronales catalanas, donde se compra el discurso de los barones socialistas de que Madrid hace dumping fiscal. Se argumenta, además, que la preocupación del empresario en Cataluña no es cuán altos son los impuestos, sino si son fruto de unas "reglas del juego justas" y se destinan para el bien común.

Las cosas como son. Si hay unos empresarios concienciados con el desarrollo social, esos son los catalanes. Una realidad que, para bien y para mal, toma forma de manera variopinta. Durante años se apreció en el impulso a la causa de CiU de una burguesía que arropó hasta el extremo al nacionalismo. Pero también se ve en otros ejemplos, que sí son dignos de ensalzar, como el de la filantropía del presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, impulsor del mayor "banco social".

Esa implicación de la empresa por la sociedad no ha decaído tras el procés. Prueba de ello es que los cambios de sede a otros puntos de España no han hecho desistir al Ibex huido en su intento por aparentar que su presencia en la antigua Ciudad Condal es la misma de siempre.

Aunque los ejecutivos de los equipos de Josep Oliú (Banco Sabadell) o Francisco Reinés (Naturgy) ya tienen piso en Madrid y se han acostumbrado a las idas y venidas, lo cierto es que las empresas de origen catalán siguen queriéndose mostrar implicadas con su lugar de origen.

Pudo verse en los jardines de Pedralbes este verano, donde no faltaron globos gigantes de Banco Sabadell para decorar los espacios del Festival que acogen. Ni patrocinios de empresas como Seat, una de las firmas que más temor tiene al independentismo por la amenaza que representa para su fábrica en Martorell.

Con su negocio vacunado de la inseguridad jurídica que se azuza desde Waterloo, la preocupación del mundo empresarial por cómo se desenvuelva la Diada y cómo se reciba la sentencia del procés se centra más en la conciencia social que en la repercusión económica.

Y es en este contexto de apatía y desasosiego en el que va a producirse el viaje de la embajadora de las políticas de Pablo Casado a Cataluña.

Por si fuera poco, si se cumplen las previsiones de Funcas, cuando acabe este semestre, Madrid consolidará su sorpasso a Cataluña como primera economía nacional, tras dos años con el crecimiento catalán lastrado por la inseguridad jurídica y la falta de Presupuestos de la Generalitat.

Esa pérdida de peso comienza a preocupar a la prensa económica local, que ha visto como en el último bienio las ruedas de prensa de las grandes empresas se han trasladado a Madrid, Valencia o Alicante. Así han llegado a trasladárselo los periodistas al mismísimo Gonzalo Gortázar (consejero delegado de Caixabank) en sus corrillos con prensa.

La sensación de que dos años después del procés la situación está encallada es compartida por empresas y patronales que representan al que durante años presumió de ser uno de los tejidos industriales más dinámicos de España.

El tiempo pasa y el ímpetu con el que organizaciones como Foment del Treball trataron de impulsar la normalización de la situación con una campaña para que las sedes de las empresas regresen a su mercado de origen ha quedado tocado ante una realidad palmaria.

Ni los inversores internacionales van a permitir ese cambio a medio plazo, ni la inestabilidad social que puede generar la sentencia del procés en una España sin Gobierno va a animar a las pymes que no dependen del mercado a precipitarse con un regreso este año.

A los problemas de la política doméstica se une al aviso de alerta económica global, que ha sido serio este verano.

Tanto es así que la amenaza que representa el Brexit fue uno de los principales asuntos de una reunión previa al arranque del curso que se celebró en Foment del Traball, la organización que preside Josep Sánchez Llibre, el pasado día 24. 

El Brexit y la guerra comercial también protagonizarán la Junta directiva que en el Cercle d'Economía tiene programada para el próximo 9 de septiembre y que marcará el desembarco de su nuevo presidente, Javier Faus, en los mandos de la organización.

Sin embargo, esa preocupación por la amenaza de una recesión global parece menor en la Cámara de Comercio de Barcelona, más centrada en el éxito de la Diada que en la coyuntura económica.

Su presidente, Joan Canadell ya se ha comprado su camiseta de la ANC para desfilar el 11 de septiembre. Lo anunció en Twitter hace unos días y reconoció que gracias a las ventas de camisetas indepes, el pasado año logró reunir los fondos necesarios para impulsar su candidatura a liderar el organismo con sede en la Lonja de Barcelona.

El independentismo busca ingredientes para que no se desinfle su suflé y al igual que vende camisetas, aprovechará su relato del viaje de Díaz Ayuso a Cataluña para aderezar su victimismo con un Madrid ens roba.

ATENTOS A...

Iberdrola. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán podría convertirse en el primer grupo español que emite deuda a tipos negativo, es decir, cobrando a los inversores a cambio de que le presten dinero.

Esta situación ya se ha dado en Alemania, donde Siemens colocó la semana pasada entre inversores 1.000 millones de euros a dos años al 0,3% y otros 500 millones al -0,2%. Con el BCE custodiando la liquidez de los bancos al -0,4% y las entidades trasladando este coste, o parte de él, a las grandes cuentas, se ha abierto una nueva era financiera en la que el acreedor paga a cambio de prestar su dinero.