La familia Martínez-Sampedro ha logrado en su batalla legal en Estados Unidos que un juez de Connecticut autorice, por primera vez, la utilización de un 'discovery' (recurso por el que obliga a una sociedad o un particular radicado en el país norteamericano a desvelar toda la información que tengan sobre un determinado asunto, para su uso en un procedimiento o arbitraje empresarial) como prueba en la denuncia presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco del 'caso Codere'.
De esta forma, la familia fundadora de Codere logra incorporar el 'discovery' en su denuncia ante la CNMV contra Silver Point y otros fondos de inversión que apoyaron la toma de control "ilegal" de la compañía.
La familia Martínez-Sampedro denunció que Silver Point y un grupo de fondos de inversión actuaron de forma concertada para tomar el control vulnerando la ley de OPAs y evitando así la obligación de hacer una oferta por el 100% de las acciones.
En ese sentido se pronunció recientemente el expresidente de Codere José Antonio Martínez-Sampedro, quien denunció el incumplimiento de la Ley de OPAs en Codere por parte de los fondos, que controlan más del 50% de la firma, ya que la toma de control por su parte tendría que haber supuesto el lanzamiento de una OPA, lo que pone de manifiesto "un 'modus operandi' de connivencia entre fondos para maniobrar contra el antiguo propietario".
"La decisión de acudir a la Justicia de Connecticut responde a que es en este Estado donde se encuentra el domicilio social de Silver Point y otro de los fondos demandados y la autorización marca un hito procesal sin precedentes en España", han resaltado la familia Martínez-Sampedro.
Conspiración de los fondos
Inicialmente, la denuncia fue interpuesta por los fundadores y promotores de Codere contra la estrategia concertada de los fondos americanos, liderados por Silver Point, Abrams, Contrarian y M&G, así como contra los consejeros que "conspiraron" con Silver Point para hacerse con el control de Codere y poner a un empleado suyo al frente de las funciones ejecutivas de la empresa.
Ahora, con el 'discovery' otorgado por el Tribunal de Connecticut, la familia Martínez-Sampedro puede utilizar como prueba información "muy relevante" sobre la ilegal toma de control de la firma española.
Además de disponer de dicha autorización, los Martínez-Sampedro han entregado a la CNMV una ampliación de su denuncia preliminar, con nuevos documentos acreditativos de la concertación para que en el ejercicio de las funciones de supervisión que la ley le atribuye, actúe de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente.
En este caso, el 'discovery' representa un recurso jurídico mediante el cual un juzgado de Estados Unidos obliga a una sociedad o particular radicado en el país norteamericano a desvelar toda la información que posean sobre un asunto determinado para su uso en un procedimiento o arbitraje empresarial, en Estados Unidos o en el extranjero.
Ello significa que la justicia americana permite investigar la operativa de los fondos norteamericanos en su propio país, para su aportación como prueba si están demandados en el extranjero.