Victoria para las VTC y derrota para el taxi. La querella presentada por Elpidio Silva en representación de 2.000 taxistas contra Uber, Cabify y otras empresas del sector por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales, entre otros, ha sido archivada. 

La magistrada María Tardón ha emitido un auto en el que destaca que la querella presentada parte de una "premisa falsa que es la de considerar que se produce en un mercado libre y carente de regulación". Es la base sobre la que se sustenta el resto del escrito en el que se recuerda que no es posible manipular los precios porque "es la administración la que fija las condiciones" de trabajo. 

Eso sí, abre la puerta a que se pueda estudiar si Uber y Cabify hacen la competencia desleal contra los taxistas, aunque reconoce que eso no es de su jurisdicción. 

Durante once páginas el auto desmonta la tesis de los taxistas, e insiste en que no aprecia un delito de estafa porque "los consumidores no se ven perjudicados patrimonialmente por la conducta desplegada" por los querellados. Tampoco ve indicios de que existan problemas en el pago del IVA o una evasión de impuestos ya que no se aportan pruebas que sustenten la teoría. 

Da un tirón de orejas a la redacción de la demanda ya que no se han tomado "la molestia de concretar, ni de forma aproximada, cuál sería el importe" de la cuota que no se ha pagado al erario público. 

La querella, que fue adelantada por EL ESPAÑOL, no empezaba con buen pie en los juzgados. La propia magistrada rechazaba el pasado mes de mayo las medidas cautelares solicitadas por los taxistas, que pasaban por paralizar la actividad de Uber y Cabify.