La tecnológica Indra ha reconocido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, que ha encontrado varias facturas a empresas relacionadas con la trama de financiación irregular del PP de Madrid que no responderían a trabajos reales.
Esto se desprende de una investigación interna que la compañía inició en 2014 al trascender el caso Púnica.
En concreto, el representante legal de la tecnológica -que compareció este jueves ante el instructor- ha explicado que hay distintas facturas entre 2008 y 2013 que se han abonado, pero que no hay constancia documental de que los trabajos se hayan realizado.
El primer pago que se ha detectado es una factura del año 2008 a la sociedad Swat, por importe de 100.000 euros. Una empresa que salta a la luz después de que en el año 2014 estallara el escándalo de la financiación irregular del PP de Madrid e Indra se viera involucrada.
Forma Select
Los siguientes pagos correspondientes a servicios de los que no se ha encontrado constancia documental corresponden a facturas por importe de 900.000 euros a la empresa de formación de directivos Forma Select, vinculada a Óscar Sánchez Moyano entre 2010 y 2013.
Al parecer, y según fuentes de la investigación, todos estos pagos habrían sido autorizados por Santiago Roura que fue director general de Indra hasta que fue cesado en agosto de 2015. Una decisión adoptada por el equipo del actual presidente, Fernando Abril-Martorell, después de que se desvelara que habría pagado 10.000 euros en efectivo en el interior de un coche al también investigado Alejandro de Pedro (propietario de Eico).
Roura sería también la persona que habría recibido los presupuestos, facturas y autorizado los pagos a Formaselect y Swat. En cualquier caso, la compañía ha explicado que no se han encontrado pagos en efectivo relacionados con este asunto.
Los pagos a estas dos empresas no serían los únicos detectados por la tecnológica. También figuran contratos con Eioco, empresa de Alejandro de Pedro, por trabajos que tampoco se realizaron. Él trabajó con el PP de Madrid en tareas de reputación de cargos públicos durante la campaña electoral de 2011.
Nuevos datos
Indra prevé aportar también la documentación de una auditoría sobre los costes de las campañas electorales de la Comunidad de Madrid de 2007, 2011 y 2014.
¿El motivo? Que la Fiscalía sospecha que los precios ofertados por la tecnológica para hacer el recuento estaban hinchados para que la Comunidad de Madrid pudiera 'resarcir' a Indra por los pagos efectuados a los proveedores que, posteriormente, financiaban al PP regional.
El representante legal ha querido dejar claro que en todo momento ha existido un sistema de cumplimiento. Un mecanismo establecido en 2009 que, a partir de 2015 (tras la llegada del actual presidente, Fernando Abril-Martorell) fue intensamente reforzado y potenciado.
También ha insistido en que si alguien ha violado este sistema de cumplimiento lo ha hecho mediante un procedimiento de conducta desleal y que ninguno de los responsables de la época está ya en la compañía.
El papel de Monzón
Fuentes de la investigación aseguran que la defensa de Indra no ha cargado contra el expresidente Javier Monzón, dado que no ha encontrado evidencias de su implicación en la trama de la presunta financiación ilegal del PP.
El propio Monzón se desvinculó la pasada semana de los pagos de gastos electorales del PP de Madrid. Aseguró que él se encargaba de la estrategia de negocio de la multinacional y de las relaciones institucionales, pero no supervisaba ni las ofertas ni las operaciones concretas. Fue en ese ámbito estrictamente institucional en el que trató con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y con Ignacio González, Salvador Victoria o Francisco Granados.