Prudencia. Es la palabra que mejor define la actitud con la que Caixabank y Sabadell han acogido la sentencia del 'procés' que se ha conocido este lunes. Ninguno de sus máximos responsables ha querido pronunciarse acerca de las penas impuestas a los líderes de un proceso que les obligó a trasladar sus sedes a otra Comunidad Autónoma para garantizar la seguridad y viabilidad del negocio si las cosas se ponían peor de lo que estuvieron en octubre de 2017.
El presidente de Caixabank, Jordi Gual, ha explicado en el X Encuentro del Sector Financiero organizado por KPMG, que el banco "se debe a sus accionistas, clientes y empleados, y debe velar por su bienestar".
Algo más esquivo ha sido el CEO del Sabadell, Jaime Guardiola, quien ha negado tener una opinión concreta sobre el fallo del miembros del Supremo. Tanto es así que ha salido al paso bromeando con que él estaba centrado en el negocio y en los "retos del nuevo modelo de negocio bancario", que es el lema de estas jornadas que concentran a buena parte de la banca española en Madrid.
La actitud de ambos dirigentes va en línea con la posición que han mantenido en los últimos meses sobre este asunto. Cuando han sido preguntados sobre la posibilidad de volver a trasladar sus domiciios sociales a Cataluña, siempre han explicado que la decisión adoptada en 2017 se hizo con visión de largo plazo.
Los motivos del traslado
En el caso del Banco Sabadell la sede social se trasladó a Alicante, en donde estaba la sede de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Caixabank, por su parte, la trasladó a Valencia, donde estaba la sede del Banco de Valencia y que fue absorbido por la catalana.
Ambas entidades tomaron la decisión de cambiar sus sedes entre el 6 y el 8 de octubre de 2017, días después del referéndum de independencia y a pocas horas de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarase durante unos instantes la independencia de Cataluña.
La posibilidad de que los negocios bancarios pudieran quedar fuera del paraguas del Banco Central Europeo, así como el aluvión de depósitos (casi 40.000 millones) que volaron desde la región hacia otras autonomías, fue lo que llevó a ambas entidades a trasladarse. ¿Objetivo? Dar seguridad a sus negocios y, por supuesto, a sus clientes.