Los accionistas del Popular vuelven a la carga en los tribunales. Esta vez en forma de querella para que la Justicia investigue las "filtraciones que permitieron al Santander conocer de antemano que Popular iba a solicitar la resolución".
En concreto, quieren que la Audiencia Provincial de Madrid dirima un recurso de apelación a una querella presentada en primera instancia por revelación de secretos e información privilegiada y que no fue admitida a trámite después de que el Fiscal dijera que no podía aclararse quién fue el responsable.
Según los querellantes, la entidad de Ana Botín tuvo acceso a "información privilegiada". ¿En qué se basan? En las distintas propuestas que preparó el Banco Santander en los días previos a hacerse con la entidad, y mientras el Popular había puesto en marcha un proceso privado de venta.
En concreto, apuntan a que en un primer momento el banco que lideraba Emilio Saracho abrió un proceso al que fueron invitados el propio Santander, el BBVA, La Caixa, Bankia y Banco Sabadell. El 3 de mayo el comité ejecutivo del banco con logo rojo habría aprobado una valoración de 2.600 millones de euros, con una horquilla que estaría en los 1.600 millones en el peor escenario y los 3.200 en el más óptimo.
El escrito que se está analizando añade que cinco días más tarde y "sin ninguna noticia pública ni cambio en la cotización que pusiera en tela de juicio el valor del Popular" el banco cántabro replantea su oferta. ¿Cuánto vale ahora? Pues cero euros, lo cual sólo era posible en caso de “una emergencia en la que el supervisor tenga que orquestar lo pasos legales necesarios para que el Banco Santander pueda adquirir el Banco Popular a un precio simbólico", decía la nueva presentación.
Movimientos desde mayo
Todos esos argumentos del 8 de mayo "permiten deducir" que Santander había recibido la "filtración" de que el Banco Popular iba a solicitar la resolución, dicen los querellantes. Pero hay más. El 16 de mayo el banco cántabro comunicó que no iba a hacer una oferta privada por el Popular, pero "se mantuvo conectado al Virtual Data Room, lo cuál sólo se explica si alguien le reveló que el proceso privado quedaría desierto".
Además, según los demandantes, el 21 de mayo de 2017 el Santander ya negociaba con Blackstone y Lonestar para "la venta de actiuvos no productivos de Banco Popular", un hecho más que acreditaría que "conocía que sería adjudicataria en dicho proceso de venta del negocio" en un proceso de resolución.
El 22 de mayo, continúa el relato, el Consejo de Administración del Santander autoriza presentar una oferta de compra por el Popular a 0 euros, con una quita previa de 2.000 millones instrumentos AT1 y AT2 "en el marco de un procedimiento de resolución".
Teniendo en cuenta que el proceso de resolución arrancó el 23 de mayo y no se comunicó hasta el 4 de junio, el banco de Ana Botín "difícilmente podría conocer dichos detalles si no fue porque alguien -presumiblemente del Popular- le reveló la decisión de solicitar la resolución y los pasos que se estaban dando-.
Así que la intención de los accionistas, encabezados por el despacho Fieldfisher & Jausas, es que se investiguen esas supuestas filtraciones que dieron una situación de ventaja competitiva a la entidad que preside Ana Botín frente a, por ejemplo, el BBVA que también estudió la posible compra del banco.
Según el socio de litigación bancaria de Fieldfisher JAUSAS, Jordi Ruiz de Villa, “la importancia de esta querella criminal es que puede abrir un nuevo frente de responsabilidad en el caso Banco Popular, ya que todo apunta a que el Banco Santander se prevaleció de información ilícita para no concurrir al proceso privado de venta del banco y confeccionar una oferta en el proceso de resolución antes incluso de que el proceso de resolución empezara”.
Asimismo, añade Ruiz de Villa, “incomprensiblemente los tribunales se niegan a investigar unos hechos flagrantes que han perjudicado a cientos de miles de inversores.”