Fue la medida más importante de Bruselas para responder al escándalo de los papeles de Panamá. Una propuesta legislativa cuyo objetivo era combatir la ingeniería fiscal a la que recurren multinacionales como Facebook, Google o Apple para minimizar su factura impositiva, práctica que hace perder ingresos de entre 50.000 y 70.000 millones de euros a los países de la UE. Se trata de una directiva que obligaría a las grandes empresas a hacer un striptease fiscal completo: deberán desvelar los impuestos que pagan en cada país y si tienen negocios en paraísos fiscales.

Han pasado tres años y medio y la norma sigue totalmente atascada. El debate celebrado este jueves en el Ecofin ha dejado al descubierto la profunda fractura entre los Estados miembros. Un total de 13 países (entre ellos España, Italia y Francia) apoyan la iniciativa. Otros 12 países se oponen radicalmente: en este grupo figuran por ejemplo Luxemburgo, Irlanda, Hungría, Chipre o Malta, que han sido acusados de facilitar a las multinacionales la elusión de impuestos, es decir, de actuar como paraísos fiscales dentro de la UE. Alemania, que podría decantar la balanza, se abstiene.

La directiva afectaría únicamente a las multinacionales con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros que tengan operaciones en la UE, independientemente de dónde esté su sede central. Estas grandes compañías deberán publicar datos desglosados país por país en capítulos como número de empleados, volumen de negocios, beneficios antes de impuestos o cantidad de impuestos realmente pagados. El objetivo es que todo el mundo (expertos, ONGs y ciudadanía en general) pueda conocerlos y denunciar cualquier abuso.

“Creemos que este umbral atrapará a alrededor de 6.000 multinacionales, el 90% del total. No sólo europeas, sino también alrededor de 1.000 asiáticas o 1.500 americanas”, han explicado a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. 

En lugar de debatir sobre la sustancia de la propuesta, el argumento en el que se escudan los países opositores es la base legal de la directiva. Bruselas ha propuesto una base legal que permite que la norma se debata en el Consejo de Competitividad (que reúne a los ministros de Industria) y apruebe por mayoría cualificada, lo que permitiría sortear el veto de los más recalcitrantes. Alega que se trata de una ley sobre contabilidad y transparencia, una tesis que comparte la presidencia finlandesa de la UE y todos los que apoyan la ley. 

En contraste, Luxemburgo, Irlanda y el resto de Estados miembros contrarios aseguran que comparten los objetivos de la directiva, pero se niegan a negociarla porque sostienen que la base legal es errónea. A su juicio, es una norma sobre impuestos y por tanto debe discutirse en el Ecofin y sólo puede aprobarse por unanimidad de los Veintiocho Estados miembros (Veintisiete cuando se marche Reino Unido). Los servicios jurídicos del Consejo les han dado la razón en un dictamen escrito.

"El problema no es la sustancia, sino respetar la base legal adecuada", ha dicho durante el debate público de este jueves la ministra de Finanzas sueca, Magdalena Andersson, que fue la que pidió que este asunto se incluyera en la agenda alegando que afecta a la "soberanía nacional". "Para mi la influencia de los Gobiernos y los Parlamentos nacionales en asuntos fiscales debe salvaguardarse porque los impuestos son una parte central de nuestras democracias y una herramienta esencial de los Estados para satisfacer las expectativas de los ciudadanos", sostiene.

Desconfianza hacia las instituciones

Otro de los argumentos esgrimidos por el bando del no es que la cuestión de la transparencia fiscal ya se está discutiendo en la OCDE: si la UE se adelanta y actúa unilateralmente, las multinacionales comunitarias quedarían en una situación de desventaja. "La información país por país es una cuestión de transparencia que se está discutiendo también en la OCDE. Si nosotros publicamos la información y nuestros socios no, eso crea muchos problemas. En este tema, deberíamos avanzar en paralelo", ha avisado el ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna. 

Los países opositores creen además que la obligación de publicar los impuestos pagados país por país supone una carga burocrática extra que dañará la competitividad de las empresas. Esta es la lista completa de los Estados miembros que están en contra: Luxemburgo, Letonia, Eslovenia, Chipre, Irlanda, Estonia, Austria, Suecia, República Checa, Hungría, Malta y Croacia.

El resto de Gobiernos cree que estos países están utilizando la base legal como excusa para bloquear la norma o para intentar descafeinarla al máximo con el fin de poder mantener sus acuerdos fiscales secretos con las multinacionales, que son su principal arma para atraer inversión a sus territorios.

"Consideramos que este expediente es extremadamente importante, porque la falta de información pública sobre los impuestos que pagan las empresas provoca un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones europeas y nacionales por parte de los ciudadanos que han sufrido el impacto de los ajustes fiscales debidos a la crisis que ha vivido la UE durante la última década. Es un instrumento esencial", ha defendido el ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualtieri.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido a sus colegas buscar vías para desbloquear este debate porque a su juicio "la armonización fiscal, el refuerzo de los sistemas fiscales, va a ser una de las prioridades del mandato de esta Comisión". Calviño ha dicho que la UE también debe encontrar acuerdos sobre la tasa a los gigantes digitales o el impuesto a las transacciones financieras internacionales, que llevan años bloqueados.

El Parlamento Europeo, que es colegislador en esta materia, aprobó una resolución en octubre en la que también pide a los Estados miembros que desbloqueen cuanto antes la norma. "La ciudadanía merece saber si las grandes empresas están trasladando sus beneficios al extranjero para evitar pagar impuestos o participar en acuerdos para reducir sus facturas de impuestos. Esto es lo que está en juego", ha denunciado el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun. Pero el debate de este jueves no permite vislumbrar ninguna vía de salida.