Meliá se ha anotado un nuevo tanto con la elección de Manuel Marrero (ministro de Turismo de Cuba desde 2004) como primer ministro del presidente Miguel Díaz-Canel para los próximos cinco años. Y con este van tres después de que el Gobierno cubano lanzase un guiño de apoyo a las hoteleras tras la aprobación del título III de la Ley Helms Burton y de que la Justicia española haya archivado la demanda de los Sanchez-Hill.

Marrero es un fiel defensor de la actuación de las hoteleras y de la proyección de Cuba como destino turístico de primer orden, algo que ha demostrado en los últimos años. Prueba de ello es que durante el tiempo en el que fue ministro de Turismo, la presencia de Meliá en la isla ha aumentado notablemente.

Desde 2004, el primer año de Marrero al frente del Ministerio de Turismo, la hotelera ha pasado de tener 23 hoteles y 8.476 habitaciones a contabilizar a cierre de este año 35 establecimientos y 14.371 habitaciones, según se desprende de las cuentas de resultados de la compañía española.

Cifras que aumentarán para el cierre de 2020, salvo cambio de última hora en los proyectos firmados a futuro ya que, según el informe de resultados relativo al tercer trimestre de este año, abrirá cuatro hoteles con 923 habitaciones el año que viene. Eso supone incrementar en un 70% sus establecimientos y en un 80,4% las habitaciones.

En los últimos años, el ejercicio de máxima expansión anual en la isla ha sido el año 2018, cuando abrió 3 hoteles y sumó 2,204 habitaciones a las ya existentes. Y en el futuro próximo -en 2020- sumará otros  cuatro establecimientos que prevé abrir. Y es que como afirmó la hotelera tras el anuncio de la aprobación de título III de la ley Helms Burton, esta normativa no representa “ninguna alteración sustancial” en su actividad en el país.

Respaldo del Gobierno

En los 30 años que Meliá lleva operando en Cuba, el apoyo del Gobierno ha sido crucial, echándose una mano mutuamente en el desarrollo del negocio turístico de la región. De hecho, Gabriel Escarrer es considerado por el Gobierno como uno de los máximos inversores en Cuba, que contribuye, junto a Meliá, “de manera importante al desarrollo turístico del país”, manifestó el ministro de Turismo durante la inauguración del Hotel Meliá Internacional Varadero hace pocos meses.

Unas palabras que llegaban en pleno revuelo por la aprobación por parte de la administración de Estados Unidos del título III de la ley Helms Burton -que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar los bienes confiscados durante la Revolución cubana (ocupados algunos de ellos por empresas extranjeras actualmente)- y apenas dos semanas después de que la Justicia española archivarse la demanda impuesta por la familia Sánchez-Hill contra la hotelera.

Y es que la actuación del ejecutivo cubano era una incógnita entre mayo de este año (cuando se aprobó el título III de la ley Helms Burton) y septiembre, cuando el Gobierno lanzó su primer guiño de apoyo.

Como explicó hace unos meses un experto en la materia a EL ESPAÑOL, si al Gobierno cubano le interesase más tener a las empresas allí, no se metería en el asunto o incluso les facilitaría el camino para garantizar su presencia en el país. Si por el contrario le interesase recuperar esos terrenos, pelearía por ellos. Afortunadamente para las grandes empresas, se está dando el primer supuesto.