El acuerdo programático presentado el lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sentado como un jarro de agua fría en el mundo de la pequeña, mediana y gran empresa. Las fuentes del mundo empresarial consultadas por este periódico indican que este pacto no ayudará a capear los nubarrones de desaceleración que ya se han instalado en nuestra economía y que, por el contrario, reducirá el crecimiento, aumentará el paro y el desequilibrio fiscal y generará más incertidumbre entre los inversores.
De hecho, estas fuentes advierten que estamos ante uno de los peores acuerdos posibles para el mundo empresarial y que contradice completamente los llamamientos a la calma que Pedro Sánchez y sus ministros en funciones han realizado en las últimas semanas indicando que nada cambiaría con Podemos en el Gobierno, manteniendo la disciplina fiscal y el crecimiento.
Es más, muchos de los consultados indican que estamos ante un acuerdo totalmente contrario a las prioridades empresariales. La CEOE presentó un decálogo antes de las elecciones del 10 de noviembre en el que se pedía al nuevo Gobierno el fomento del espíritu empresarial, reformas estructurales para aumentar el crecimiento, proseguir con la consolidación presupuestaria, una tributación empresarial competitiva, libertad de empresa y seguridad jurídica.
Este documento fue consensuado con todas las empresas y asociaciones representadas en la CEOE, por lo que la mayoría de los empresarios se remiten a él para ejemplificar el flaco favor que Sánchez ha hecho al sector y al crecimiento económico. "Prácticamente ha desoído todas las peticiones del sector y eso no ayudará en un contexto de desaceleración", indican las fuentes consultadas.
El acuerdo que más preocupa a los empresarios es la derogación casi total de la reforma laboral del año 2012, una de las líneas rojas que había puesto de cara al nuevo Gobierno. Las fuentes señaladas insisten en que que las modificaciones incluidas en el pacto cambiarán completamente el actual marco laboral, generarán incertidumbre y bloquearán la creación de empleo.
Salario mínimo
El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este lunes recoge que se derogará con carácter urgente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la limitación al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
También se limitará la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y se revisará el el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, "orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves".
En el sector se considera que la actual reforma laboral ha sido uno de los principales detonantes de la creación de empleo en el último lustro. En marzo de 2012 Mariano Rajoy aprobó un nuevo marco laboral con 4,7 millones de parados, una cifra que se redujo hasta los 3,1 millones en el mes de octubre.
Otro de los acuerdos más lesivos para la economía es el anuncio de un nuevo objetivo de salario mínimo. Y es que PSOE y Podemos también se han comprometido a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, esto es, unos 1.200 euros.
Una medida fuertemente criticada por el mundo de la empresa y por su patronal CEOE. Hace menos de dos semanas, el presidente de esta asociación, Antonio Garamendi, ya consideró que elevar el SMI a mil euros el año que viene es "una barbaridad". Para los empresarios este tipo de medidas sólo traerán más paro y más economía sumergida.
Freno en el crecimiento del PIB
Los empresarios critican además otras medidas recogidas en el programa y que, a su juicio, aumentarán la incertidumbre, pondrán freno a determinadas inversiones y reducirán el crecimiento. Se refieren al límite al precio del alquiler, el control de la factura de la luz o la subida del tipo mínimo de sociedades a los bancos y las empresas de hidrocarburos.
En términos interanuales, el PIB creció un 1,9% en el tercer trimestre del año según los datos del INE del pasado lunes, una décima menos que en el segundo trimestre y también de lo avanzado por Estadística, que había estimado un crecimiento del 2%. Por primera vez en los últimos cinco años, la cifra fue inferior al 2%. Para 2020, las previsiones son de un crecimiento del 17% al 1,8%, aunque entre los empresarios se considera que este paquete de medidas puede afectar este desempeño.
El proyecto impulsará las medidas normativas necesarias para "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
Tanto la intención de controlar el precio del alquiler como el índice de referencia que está preparando Fomento son dos medidas que han sido duramente criticadas por el mercado inmobiliario, ya que se considera que atentan contra el correcto funcionamiento del mercado.
"Modificaremos los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas", apunta el texto de PSOE y Podemos.
Estabilidad presupuestaria
El control de las retribuciones eléctricas es otra de las medidas consideradas contrarias al libre mercado y a la seguridad jurídica que las empresas han criticado y que PSOE y Podemos quieren poner en marcha. No aparece en el programa la empresa pública de energía que proponía el partido morado, pero este tipo de medidas no son el mejor estímulo a la inversión, dicen en el sector.
Otra medida que atenta contra la tributación empresarial competitiva, la libertad de empresa y la seguridad jurídica que pide la CEOE es el aumento de los tipos mínimos del impuesto de sociedades. La reforma prevé garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliará hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
La nueva normativa prevé limitar también las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial. En el mundo empresarial se considera que estamos ante un freno a la inversión y a la internacionalización de las empresas.
También echan en falta las fuentes consultadas la disciplina fiscal comprometida con Bruselas. "Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública, en una senda compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, con el refuerzo de las inversiones productivas en los ámbitos de la transición ecológica, la educación, la ciencia, la I+D y la digitalización, y con niveles adecuados de protección social", dice el documento.
No obstante, en las empresas creen que el gasto social estará muy por encima de la recaudación prevista, que incluirá tributos como la nueva tasa digital y la destinada a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las empresas y a las rentas más altas. Se aproximan curvas en el contexto económico internacional y las medidas consensuadas entre PSOE y Podemos no ayudarán a mitigar sus efectos, coinciden en el sector empresarial.