A Pedro Sánchez le preocupa la economía. Lo demuestra el hecho de que el presidente del Gobierno haya puesto el “crecimiento económico” como la primera prioridad del Ejecutivo. También el hecho de que las áreas clave de los ‘dineros’ hayan quedado bajo el paraguas del Partido Socialista: Economía; Hacienda; Transición Ecológica; Seguridad Social; Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; así como Exteriores. 

Un movimiento con el que ha tranquilizado a los miembros del Ibex, pero que deja de lado otra área esencial para el devenir de la economía: Trabajo. El Ministerio queda en manos de Yolanda Díaz, parte del núcleo duro de Podemos, y con gran historial en la lucha obrera. Un nombre que preocupa en la CEOE, en donde se preparan para negociar ‘a cara de perro’ a partir de ahora. 

Su primera tarea será intentar acordar, cuanto antes, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los agentes sociales para 2020. El deseo de Sánchez sería lograr un acuerdo exprés que permitiera aprobarlo esta misma semana, aunque no va a ser sencillo. No se puede descartar, por tanto, que acabe aprobándose por parte del Ejecutivo como ocurrió el año pasado. 

Psoe y Podemos comparten que el SMI debe subir hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. Es decir, casi 1.200 euros. Debería ocurrir durante la legislatura, pero existen discrepancias entre ambos en la velocidad. 

Por hacernos una idea, la formación de Pablo Iglesias quería que este 2020 alcanzara ya los 1.000 euros. Un incremento del 11% que es visto como inasumible para la patronal, sobre todo por el efecto arrastre que podría tener sobre el resto de salarios. Se sobreentiende que si sube el SMI, se presiona al alza toda la tabla salarial, lo que dispararía los costes patronales. 

La Ministra de Trabajo tendrá también ante sí el difícil reto de ‘desmontar’ la reforma laboral de Rajoy (e incluso si se tercia la de Zapatero). ¿Los artículos más polémicos? El despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; recuperar la ultraactividad de los convenios o revisar las causas de despido, especialmente las que implican causas económicas. 

Otras medidas estrella

Todo ello acompañado por la puesta en marcha de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y de nuevas políticas activas de empleo.  

Es cierto que tendrán las manos libres para operar en este campo, pero existe una cierta confianza en que el Ministerio de Seguridad Social, que liderará José Luis Escrivá, pueda ejercer como contrapeso. No puede olvidarse que Empleo y Seguridad Social van de la mano. Cómo será que hasta al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no le ha gustado que se hayan separado las carteras y ha reclamado coordinación entre ambas. 

El tiempo dirá cómo funciona esa coordinación en un momento clave para la economía española. Aunque las previsiones dicen que seguiremos creciendo en 2020 en torno al 2%, y por encima de la media europea, la realidad es que la ralentización global se deja sentir en las filas del mercado laboral. 

Si miramos los desempleados inscritos en en las oficinas públicas, vemos que a cierre del 2019 sólo 38.692 habían encontrado un puesto de trabajo. Es decir, la menor reducción desde el año 2012. Lo mismo ocurre con la Seguridad Social, que aunque está en máximos de afiliados (19,4 millones), sólo crecía un 2% respecto al año anterior.  

ERE a la vista

Un enfriamiento del empleo que ha hecho saltar las alarmas en las organizaciones sindicales y empresariales. A estas últimas, sobre todo, les preocupa que las medidas que adopte el nuevo equipo de Yolanda Díaz conlleven volver a una gran rigidez en el empleo. 

No es de extrañar que con ese panorama muchas grandes empresas se estén planteando poner en marcha Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) si ven que las cosas se ponen complicadas. Podrían aprovechar la actual legislación, y no quedarían encorsetados por las nuevas normas que se pongan en marcha en los próximos meses.  

Pero ese frenazo del empleo no sólo preocupa a los empresarios, también está en la cabeza de Pedro Sánchez. Sobrevuela sobre él la alargada sombra de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos gobiernos cayeron por culpa del empleo. Entre otras cosas por, precisamente, no haber sido capaces de adaptar el mercado laboral a las necesidades de las empresas. 

Felipe González gobernó durante 14 años consecutivos con un sabor agridulce. Su primer mandato, entre 1982 y 1986, vino marcado por la crisis del petróleo y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto hizo que en cuatro años el paro creciera en un millón de personas, situando la tasa de desempleo en el 21,4%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A partir de ahí vino un período de estabilidad económica, que logró reducir el desempleo hasta el 16% a principios de los noventa. Sin embargo, la recesión del 93 fue la puntilla para el Ejecutivo González. Ese año se superaron, por primera vez, los seis millones de parados en España, una cifra jamás vista hasta entonces. 

El paro siguió creciendo durante los años posteriores. Sólo entre 1993 y 1995 se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo. El desempleo alcanzó el 22,7%, una tasa muy cercana a la que encontró se encontró José María Aznar cuando llegó al poder en marzo de 1996. González cayó acosado por los casos de corrupción y por el GAL pero, sobre todo, lo que le costó el puesto fue la crisis económica.

Las políticas aplicadas, unidas al ciclo económico, hicieron que el desempleo cayera hasta tasas cercanas al 8% de desempleo. De hecho, los primeros años de Zapatero fueron un bálsamo de aceite en materia de puestos de trabajo.  

Fue en 2007 cuando el ciclo se deterioraba a toda prisa. La caída de Lehman Brothers se llevó por delante las economías globales mientras España seguía estando en la ‘Champions League’, como le gustaba decir al entonces presidente del Gobierno. 

Esa negación de la realidad fue la que hizo que el ejercicio 2008 el desempleo alcanzara el 13,7%. Una cifra que era ‘irrisoria’ si se compara con el casi 23% de paro con el que el Ejecutivo de Zapatero abandonaba el poder. ¿Qué supone en la práctica? Pues haber pasado de algo más de dos millones de parados a tener 4,5 millones; el doble. 

A Rajoy no le fueron mejor las cosas en los primeros años. Hasta que la economía no logró enderezar el rumbo y la tasa de desempleo llegó a superar el 26% a primeros del año 2012. Sin embargo, la reforma laboral lograba que el mercado de trabajo empezara a generar puestos de trabajo. Así que ese año cerraba con un 25,7%, cifra pareja a la del año posterior. 

A partir de ahí la caída del empleo fue notable, sobre todo a partir de 2014 cuando empezó a crearse empleo a toda velocidad. Cuando Rajoy abandona el poder en 2018 había 3,2 millones de desempleados. Es decir, una reducción de casi 1,2 millones. 

De momento Sánchez sigue beneficiándose de la senda de caída del paro, aunque está siendo mucho más lenta que entonces. El 2019 cerraba con 3,1 millones de personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM, una tímida reducción de 38.000 personas. 

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? El tiempo lo dirá, pero los datos son claros. Parece, por tanto, que Sánchez tiene motivos para estar preocupado. Veremos si el gobierno de coalición progresista puede revertir la tendencia.