Hachazo fiscal a la gran empresa: el clavo ardiendo que sustenta la reforma fiscal de Sánchez e Iglesias

La formación del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ya tiene hoja de ruta fiscal. Se trata de las medidas impositivas que Moncloa presentó en sus Presupuestos Generales del Estado, que ha reiterado ante la Comisión Europea, pero las dudas sobre sus posibilidades de recaudación son numerosas y extensas. De ahí que la reforma del Impuesto de Sociedades sea la principal baza con la que cuenta el Ejecutivo para sustentar una mejora de ingresos en este año.

El Ejecutivo espera sacar de la reforma de este tributo 1.776 millones de euros más al año, que se obtendrían del bolsillo de las grandes empresas. Esta medida busca acercar el tipo efectivo al nominal con una tributación mínima del 15% a corporaciones cuya facturación neta sea igual o superior a 20 millones.

En el caso de los sectores financiero y de los hidrocarburos, este mínimo será del 18%. Cabe recordar que las grandes empresas (sin especificar sectores) tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable por Sociedades del 7,7% en 2017, que es la última referencia temporal disponible, según el Ministerio de Hacienda.

Adiós a los acuerdos de doble imposición

Sin embargo, lo que preocupa de verdad a las grandes empresas es otra cuestión. Y es que la reforma de Sociedades planteada llevará a que se limiten las exenciones para evitar la doble imposición y que se aplican en los dividendos y plusvalías generados en el exterior por las grandes empresas como consecuencia de su participación en sociedades filiales.

De esta manera, se pasará de una exención del cien por cien al 95%, de acuerdo con el marco establecido para la "fiscalidad de estas operaciones en la normativa de la UE". Fuentes de las empresas española avisan de que esto podría afectar al retorno de capitales a España.

Cabe recordar que la exención del cien por cien a los dividendos generados en el extranjero fue una medida que activó durante la crisis económica el Gobierno y que tenía como fin facilitar la actividad de las empresas españolas en otros países.

Únicos ingresos creíbles

Lo cierto es que esta medida fiscal es de las pocas que cuentan con el beneplácito, en cuanto a recaudación estimada, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En cambio, el ente no se cree el resto de las propuestas fiscales del Gobierno.

Esta incredulidad de la AIReF se expresa particularmente respecto a los pronósticos de ingresos por las tasas Tobin y Google, es decir, los impuestos a las transacciones financieras y a determinadas operaciones digitales.

Por ambos proyectos tributarios, Moncloa espera ingresar unos 2.050 millones, pronóstico que se ha oficializado enviándoselo a Bruselas. Sin embargo, la AIReF rebaja esta cifra y la deja en 349 millones.

Dificultad para los ingresos

Esto dificulta el panorama para el Gobierno de coalición progresista. Si hay que creerse las cifras que presentara a la Comisión Europea, el Gobierno espera lograr una recaudación adicional de 5.654 millones con sus medidas tributarias.

Sin embargo, esta cifra difícilmente cubrirá, si es que lo hace, el gasto añadido que van a generar a lo largo de este año la subida de las pensiones y la de los salarios públicos. En este escenario, la flexibilidad de la que va a disponer el Ejecutivo para activar nuevas medidas de gasto social va a ser escasa.

Este problema se podría solventar a través del déficit. Moncloa ya ha confirmado su intención de renegociar los techos de déficit y de deuda pública para 2020 y próximos años. De hecho, la idea de Moncloa es lograr flexibilizarlo por encima del 1,7% del PIB.