El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos arrancó este miércoles un acuerdo de mínimos de la Mesa del Diálogo Social que permitirá al Consejo de Ministros aprobar en las próximas semanas un salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros.

Se trata de una medida que se ha convertido en 'marca de la casa' de Pedro Sánchez: desde que llegara a Moncloa, España ha subido este suelo salarial más de un 29%, una proporción solo superada por Lituania en la Unión Europea.

El país báltico ha aumentado su propio salario mínimo en los últimos dos años un 51,7% (ver gráfico), llevándolo hasta los 607 euros mensuales, 200 euros más al mes si el SMI anual se divide en 12 pagas.

Sin embargo, se sigue quedando lejos del SMI español que estará en los 1.108 euros al mes en 12 pagas, 950 euros en 14 pagas.

Y es que el SMI finalmente habrá subido entre 2019 y 2020 unos 215 euros. Un importante alza que este año sí se ha pactado con los agentes sociales, que admiten estar satisfechos con una medida que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha costado “muchas horas de trabajo”. Quién sabe si incluso antes de la investidura del propio Pedro Sánchez.

Polémicas

Todo ello a pesar de que la medida no está exenta de polémica. Durante el último año, entidades como el Banco de España alertaron de que una subida del SMI como la de 2019 (por encima del 20%) acabaría afectando a la creación de empleo, un impacto que todavía hoy se defiende a pesar de que no hay rastro de él.

Además, no cabe duda de que va a incrementar los costes laborales y la recaudación del Estado a través de las empresas. La subida del SMI, que este año es de un 5,5%, también afectará en la misma proporción a las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social. De hecho, esta es una de las principales preocupaciones de las patronales.

En cambio, lo que sí ha quedado contrastado es que estas subidas perjudican a los colectivos laborales más desfavorecidos, que son los de las empleadas del hogar y del campo, algo que admitió el propio Ministerio de Trabajo el año pasado. Limitan mucho las contratación e incluso conducen a despidos.

En estos casos, los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Huerta, reclamaron tras cerrar el acuerdo en el Diálogo Social que se atendieran las disfunciones que la subida pueda provocar en el sector agrícola y ganadero.

Puntos positivos

Sin embargo, la subida del SMI también trae bajo el brazo aspectos positivos. Lo cierto es que este tipo de medidas son un acicate para la economía. El incremento de las rentas permite un alza del consumo interno, uno de los sostenes del PIB español en los últimos años.

De hecho, según han defendido tanto UGT como CCOO, solo de esta manera se podrá recuperar “la capacidad adquisitiva perdida durante la crisis económica”, concretó Pepe Álvarez.

Unai Sordo apostilló que “no se pueden buscar culpables en el SMI” por la desaceleración en la creación de empleo del último año (que ha ido de la mano de la ralentización económica) y añadió que España tiene que mejorar sus productividad a base de otras vías que no sean los salarios, como la rebaja de costes energéticos. “La apuesta de tener un país con salarios de 800 o 900 euros es una apuesta de país fallido”.

Lo cierto es que todas las partes han tenido que sacrificar algo para que haya habido acuerdo. Primero las patronales, totalmente contrarias a la subida del SMI. “Nos hubiera gustado que fuera algo menos, puesto que el impacto del año anterior fue muy importante”, admitió que un Garamendi que dio por bueno que la subida se quedara en 'solo' 50 euros.

Y es que por ahí vino el sacrifico de los sindicatos, e incluso de la propia ministra Díaz. Cabe recordar que UGT y CCOO llegaban a la cita con la idea de que la subida fuera de 100 euros mensuales, igual que Unidas Podemos. Dejar el SMI en 950 euros no entraba en sus planes.

Por otro lado, la ministra de Trabajo aprovechó la cita para trasladar su intención de que para final de legislatura el SMI sea el equivalente al 60% del salario medio español, hoja de ruta que comparten los sindicatos. Sin embargo, las patronales declinaron tratar este punto. “Es respetable pero hemos hablado de este año. El año que viene hablaremos de lo que tengamos que hablar”, afirmó con una sonrisa.

Primera piedra de toque

Por lo pronto Díaz se ha sabido fajar bien en su primera gran cita, en la que ha encontrado espacios de acuerdo tanto con sindicatos como con patronales, algo de o que podía haber más dudas. La subida del SMI pactada en la Mesa del Diálogo Social ha sido, ni más ni menos, que el primero de los muchos encuentros que la ministra de Trabajo celebrará en las próximas semanas y meses.

Y es que la próxima semana se iniciará la negociación para la primera fase de la derogación de la reforma laboral, de los aspectos más lesivos. Un “desguazamiento”, como lo ha denominado la propia ministra, que quiere acordar tanto con trabajadores como con empresarios. Hasta donde sea posible, claro.

¿Y la segunda fase? Parece que en este campo, el plan de Sánchez será es el que salga adelante. Es decir, sustituir lo que quede de la reforma laboral de Mariano Rajoy por su propio constructo legislativo: el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI. “Volver atrás a veces no es una solución”, admitió la ministra de Unidas Podemos.