El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ultima la primera fase de suelo público para levantar en torno a 5.000 viviendas en alquiler social a precio asequible a través de convenios con empresas privadas.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha asegurado este miércoles que se está trabajando con la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes), para que a través de la cesión de derechos de superficie y bajo esquemas de asociación pública privada.
“Prácticamente estamos en disposición de empezar la tramitación para construir en torno a 5.000 viviendas de precio asequible para alquiler”, ha explicado el secretario de Estado en un encuentro con periodistas.
Se trata de suelo que saldrá a licitación para que el sector privado acceda a él “en determinadas condiciones” para después construir viviendas a precio asequible. “Hay distintas fases”, ha señalado Pedro Saura. “Hay unos (suelos) muy avanzados y que en los próximos meses vamos a presentar su licitación”, ha especificado.
El secretario de Estado ha querido aclarar que “los trámites urbanísticos son los que son”. Por tanto, ha apuntado, “unas pueden estar prácticamente en el mercado ya y otras que tienen que pasar algunos meses”. Sin especificar dónde levantará estas viviendas, Pedro Saura ha señalado que “estarán evidentemente en las zonas más tensionadas del país”.
A estas 5.000 habrá que sumar las procedentes del Plan Estatal de Vivienda. Pedro Saura ha indicado que entre 2018 y 2019, este Gobierno ha firmado 120 acuerdos para la construcción de 3.260 viviendas de alquiler asequible.
En estas actuaciones este Ministerio ha aportado 55 millones de euros, que han servido, junto con las aportaciones de CC.AA. y Ayuntamientos, para atraer el capital privado, lo que ha implicado una inversión total de 330 millones de euros, ha comunicado.
De esta manera, el Ejecutivo pretende luchar contra el problema de la vivienda en España por el lado de la oferta. Un aumento de casi 8.300 casas disponibles a precio asequible debería frenar la escalada de los alquileres en nuestro país.
El TC avala al Gobierno
Pedro Saura ha negado ante los medios que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) vaya a entorpecer medidas estructurales y de mediano plazo como el Plan 20.000 para el fomento de vivienda de alquiler social o asequible. “El TC dice que esa disposición adicional no se tenía que haber puesto ahí, pero no afecta para nada a la política de vivienda del Ministerio”, ha afirmado.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha insistido en que las medidas referidas en el Real Decreto-ley 7/2019 tratan de atajar el problema de la vivienda con un enfoque integral en el que se busca incrementar la oferta de vivienda en alquiler, proteger al arrendatario con el aumento de los plazos de los contratos, limitar el incremento de las rentas de alquiler al IPC, aliviar sus gastos de arrendamiento o dar una mayor seguridad jurídica al arrendador.
Todas ellas, según ha afirmado este miércoles, son medidas que han sido refrendadas por el Alto Tribunal. “Lo que el PP pretendía era regresar al Real Decreto Ley de 2013, pero los ciudadanos pueden estar tranquilos: no lo han logrado”, ha afirmado.
Saura ha asegurado que el eje central del Real Decreto-Ley, que ha quedado respaldado por esta sentencia, comprende las medidas que han sido implementadas “desde el primer minuto” y que acometen de manera inmediata la urgencia social de la vivienda.